13/3/17

Betancor, jugador de pelotamano

Entre tantas informaciones que nos suministra Internet podemos encontrar algunas tan curiosas como las que acabo de descubrir relativa, esto casi seguro, a un antepasado residente en el Municipio de Haría, Lanzarote, del que procede mi familia paterna.

Vista Municipio Haría, Lanzarote, Islas Canarias

Me refiero a Andrés Betancor Bonilla jugador de pelotamano. Según parece, leo en la noticia aparecida este domingo en la prensa local, se practicaba hasta la Guerra Civil, un deporte similar a la denominada "pelota vasca". Un deporte local que decayó posteriormente por las exigencias físicas de su práctica (las características de la pelota). También descubro que fue un entusiasta del fútbol. Se constata, también, la frecuencia del apellido. Y, cómo no, "el árbitro de este encuentro histórico de fútbol, fue el vecino Román Betancor Rodríguez, que fuera al tiempo entonces, un buen futbolista y un buen luchador." En la relación de deportistas del municipio, se constata, igualmente, la frecuencia del apellido. En fin, no logro entender cómo, de tales antepasados, mi escaso o nulo interés por los deportes y aún menos, por su práctica.

8/3/17

Pesimismo, "Trumpismo" y corruptos


Y, de repente, los gobernantes, descubrieron a los ciudadanos. Les miraron a los ojos y, lo que vieron, les asustó. El pánico recorrió los pasillos de las cancillerías europeas. La respuesta fue “El libro blanco sobre el futuro de Europa”. El Presidente de la Comisión Europea, J-C Juncker, lo presentó la pasada semana. La celebración, el próximo día 25 de marzo de 2017, de los 60 años de la firma del Tratado de Roma, el segundo de los Tratados que dio origen a la actual Unión Europea, invita a reflexionar sobre su futuro. ¿Qué futuro queremos para nosotros, para nuestros hijos y para nuestra Unión? Es la pregunta que lanza. La respuesta, son cinco opciones o escenarios posibles en el año 2025: seguir igual; retroceder; avanzar, pero sólo aquellos que así lo quieran; seleccionar áreas en las que se quiera avanzar, haciendo mejor las cosas; y, el último, los Estados Unidos de Europa.

Estos ejercicios de futurología, usualmente, están condenados al fracaso. Cuando los políticos se ponen a adivinar por dónde transcurrirá el futuro, normalmente, se equivocan. No por incompetencia, sino porque la realidad es tan dinámica y abierta que es imprevisible. ¿Quién podía imaginarse el Brexit o el triunfo de Trump? ¿Qué otros acontecimientos veremos en los próximos meses o años? Pretender que hoy podemos configurar, con éxito, la Europa del año 2025, es una suposición muy aventurera, muy arriesgada.

Tenemos tendencia a creer en estos ejercicios. Necesitamos la seguridad del planificador universal; el del superior conocimiento y mayor voluntad, capaz de conformar el futuro a nuestro antojo. Unos critican al documento por poco ambicioso; otros, por pesimista. En el fondo, todos creen que es posible diseñar ese futuro, trabajar con denuedo y, zas, se hace realidad. Cada vez que veo a Trump en la televisión, me reafirmo en lo que digo. ¿Cuántos “Trump-acontecimientos” viviremos?

Más interés tiene, a mi juicio, el análisis que, a modo de introducción, sirve de soporte a las propuestas que se lanzan al debate. Los autores parecen preguntarse, ¿cómo es posible que la Unión, el mayor mercado único, con la segunda moneda más utilizada, a la vanguardia de la investigación, con las sociedades más igualitarias, los mejores sistemas de seguridad social, la más comprometida con la protección ambiental, las energías renovables, con mayor seguridad y paz, mayor respaldo a las libertades, … tenga los problemas que tiene y nos debamos preguntar sobre qué debemos hacer en el futuro?

Es como el grito de la incomprensión. Si somos tan buenos, ¿por qué los ciudadanos nos quieren tan poco? Es el lamento de los políticos europeos, de los españoles, entre ellos. A mi juicio, la denuncia de la corrupción en España, la cual nos coloca entre los países más corruptos, no es otra cosa que una acusación contra la política y los políticos. ¿Qué mayor crítica que llamarlos corruptos? Ya no se les grita, aludiendo al trabajo sexual poco honorable de la madre de los interfectos. Se les grita “corruptos”.

El problema de España y también, de Europa, perfectamente alineadas, es que los políticos, la política, los partidos, las instituciones, el Estado democrático, … ya no son vistos como panaceas, ni, incluso, como objetos de respeto. Son, hoy, considerados los culpables de todos los males. Son “corruptos”, no sólo porque han robado el dinero público, han abusado de los cargos para beneficio privado; sino porque han hurtado las expectativas; han generado una inmensa frustración que está alentando el pesimismo. ¿Quién se beneficia? Los que se presentan como las antípodas. Se les llame populismo, podemismo, trumpismo, lepenismo, … da igual. Todos tienen en común que son los “anti”, los contrarios a aquellos que han sido acusados de robar la ilusión, la esperanza. Aquellos que han condenado a los ciudadanos a vivir en la indigencia o en unas condiciones peores de las que tenían antes. Son los que han roto la creencia de que la Historia era un proceso lineal ascendente, en virtud del cual nuestros hijos vivirán mejor que nosotros. Nadie nos había dicho que se podría retroceder. Y se retrocedió. Son los políticos los culpables por acción y por omisión: porque sus malas políticas nos han arrojado a los brazos de la desesperanza y porque no nos advirtieron que retroceder era posible.

El Libro Blanco es un grito de pesimismo, de miedo, de las Instituciones, de los políticos europeos frente al escenario electoral del año 2017. Han mirado a los ojos de los ciudadanos y han comprendido el clamor: “¡corruptos!”. Se hace imprescindible restablecer el puente que une a los ciudadanos, los políticos y las instituciones. Aquellos, equivocados o no, ya no soportan a los “corruptos”. Los políticos deben cambiar, incluso, haciendo un esfuerzo más allá de lo razonable. Hay que recordar que la soberanía está en manos del pueblo. No es garantía de éxito, como se puede comprobar. Hay que demostrarles que los “anti” no son la solución. Sin embargo, no debemos dar la oportunidad, a las distintas versiones del Trumpismo, a exhibir su capacidad de destrucción para que el pueblo comprenda su error de elección. Ahora, los políticos, deben mostrar una “pureza angelical”. No está en juego la justicia de la dimisión, como la del Presidente de Murcia; está en juego algo muchísimo más importante: demostrar que el Trumpismo no tiene sentido en España.

(Expansión, 07/03/2017)

5/3/17

Confianza española y catalana

Según el último barómetro del CIS, sólo el 2,3 por 100 de los encuestados considera que el nacionalismo (el estatuto de Cataluña, el independentismo y otros) es uno de los grandes problemas de España. Es un asunto sólo ligeramente superior a la crisis de los valores (2 por 100) y a las cuestiones relacionados con la juventud (2,2 por 100). En los últimos tiempos, el cénit de preocupación se alcanzó en noviembre de 2015 cuando se aprobó la resolución independentista en el Parlament de Cataluña (5 por 100). La distancia entre el adentro y el afuera, como diría Espinete, es brutal. La visión interna, coloca la cuestión catalana, como se la denomina vulgarmente, en la único relevante. Todo se agota en la secesión. Es el éxito político del nacionalismo: ha conseguido reducir el ámbito de la política a la secesión. Todo gira a su alrededor, tanto a favor como en contra. Es la palabra mágica. Hoy, en la política catalana, el eje de confrontación está delimitado por la independencia.

En cambio, la visión desde fuera, es la de indiferencia. No preocupa. Hay otro asunto de mayor interés: el paro. La corrupción, considerada la segunda causa de preocupación (33,8 por 100), no es, a mi juicio, el verdadero gran problema: lo es la política. Aparece la tercera (23,5 por 100) pero ¿qué mejor crítica a los políticos que atacarlos donde más les duele? “Son unos corruptos”. España tiene un problema de corrupción, como es público y notorio. Aunque, todavía más grave, lo es el de la deslegitimación del sistema político. La falta de confianza que quiebra a las instituciones.

No deja de ser paradójico el que, al mismo tiempo que España, como Estado democrático de Derecho, se enfrenta al reto más importante de su historia reciente, el secesionismo catalán, sufre un episodio grave de deslegitimación. A la vez, la cuestión catalana disfruta de muy bajo reconocimiento (2,3 por 100). Es posible que los dos fenómenos estén vinculados. Cuanto más baja sea la estimación de los riesgos, menos necesidad de valuar positivamente al Estado, por lo tanto, más crítico se puede ser. Ahora bien, la cuestión catalana sólo se puede resolver con un Estado reforzado en el terreno de la legitimidad. La distancia entre el dentro y el fuera es tan elevada que puede ser explosiva. La indiferencia del conjunto de los españoles tiene su vertiente positiva, pero también negativa. Es positiva porque no tensiona en pro de una solución “rupturista”, al modo del artículo 155 de la Constitución. En cambio, tiene de negativo, que deja en la soledad a los que resisten el empuje secesionista en Cataluña.

Se debe encontrar un punto de confluencia. Y lo hay. Cuanto mayor sea la valoración positiva del Estado democrático, mayor será el compromiso con Cataluña y con los catalanes y, éstos, a su vez, más cómodos se encontrarán y verán atendidas sus preocupaciones. Todos los españoles debemos participar del criterio de que la solución al mal llamado problema catalán se ha de encontrar en el marco constitucional, no fuera de él. Este marco es lo suficientemente amplio como para hallar la solución que podría satisfacer a ese sector de la población que se siente, por un lado, engañada, porque le prometieron que la independencia se alcanzaría sin coste alguno, que caería como fruta madura, sin que nadie sufriese perjuicio, e, incluso, sería reconocida y bienvenida por los Estados democráticos de la Comunidad internacional; y, por otro, preocupada por el radicalismo autoritario que sostiene, cada vez más, al proyecto secesionista. Son los secesionistas por oportunismo, por comodidad, porque es lo que opina todo el mundo, lo que menos problemas plantea. Este sector está comprobando que la secesión no va a ser nada fácil. E, incluso, está asumiendo será imposible.

Las informaciones sobre la trama de corrupción que se cierne sobre la antigua Convergencia y el actual PdeCat, nada va a hacer cambiar a los secesionistas recalcitrantes. Son inmunes a éstas y a otras informaciones. Tienen licencia para hacer lo que quieran. Ahora bien, Cataluña es hoy una sociedad dividida, no sólo entre secesionistas y constitucionalistas sino, en el propio campo de los secesionistas. Los constitucionalistas han sufrido y sufren unas presiones tan negativas que se ha producido una selección natural. En cambio, no sucede lo mismo con el secesionismo. Hay un porcentaje, que no me atrevo a cuantificar, que lo son por oportunismo. En éste está cundiendo el desánimo.

Frente al amedrentamiento que sufren, para mantenerlos atrapados; frente al radicalismo; frente a la criminalización de la democracia y del Estado de Derecho, es imprescindible que el constitucionalismo sea capaz de ofertar un proyecto no sólo de cumplimiento de la Ley, sino de refundación de la legitimación y de la confianza, en una democracia libre de corrupción. Es el reto de los demócratas y, de los españoles, demostrar que otra España, con Cataluña, es posible. Por primera vez, la recuperación de la confianza en las instituciones del Estado es el camino para recuperar la de los catalanes en ese Estado garante de sus libertades y de su prosperidad.

(Expansión, 28/02/2017)

23/2/17

La corrupción escapa: el caso Nóos

La Sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Baleares en el conocido caso Nóos encierra, en sus 742 páginas, el relato de un vulgar caso de corrupción. Se ha querido convertir en un asunto contra la Monarquía cuando es, simple y llanamente, uno más de corrupción administrativa. Incluso, de los menos graves, si tenemos en cuenta el importe económico. La vulgaridad se muestra, no sólo en cómo se articuló, sino también, en el cómo se ha conseguido evitar la pena. Me interesa esta vertiente porque, lamentablemente, sigue estando presente en el actuar de las Administraciones. Desde las páginas 573 a la 648, el Tribunal se entretiene en ventilar la conocida como vertientes valenciana y madrileña. Se refieren, en síntesis, a los contratos que el Instituto Nóos suscribió en Valencia y en Madrid para el desarrollo de ciertas actividades. En Valencia, el Instituto Nóos suscribió un contrato (convenio de colaboración) con la empresa pública Ciutat de les Arts i les Ciències, S.A.(CACSA), dependiente de la Generalitat Valenciana, y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), del Ayuntamiento de Valencia, para la organización de unos eventos relacionados con el turismo y el deporte (“Valencia Summit”). A su vez, en Madrid, con la Fundación Madrid 16, del Ayuntamiento de Madrid, para establecer contactos a altísimo nivel (“por su vinculación con la Casa Real”) en favor de la candidatura olímpica de Madrid.

El Tribunal resuelve con la absolución de los implicados. Entendió que no había delito de prevaricación. La cuestión central fue si los contratos subscritos por Nóos con las empresas o las fundaciones públicas indicadas, estaban o no sujetos a la legislación de contratos del sector público. Si la respuesta fuese positiva, la contratación se hizo sin respetar dicha legalidad, por lo que, los responsables, habrían incurrido en delito. En caso contrario, sería la absolución, como así lo entendió el Tribunal.

En primer lugar, no parece sensato el que una Administración se dote de este tipo de entidades, que son las propias de los particulares, para la gestión de asuntos que son de naturaleza pública. El mismo Tribunal vierte una crítica velada a que un Ayuntamiento opte por la externalización en un ámbito competencial destacado, como el turismo (pág. 609). Si las Administraciones utilizan estas fórmulas es para escapar de los controles de la legislación administrativa, someterse al Derecho privado, disfrutar de la libertad que éste permite, gestionar los recursos públicos a su antojo y, por último, reducir el riesgo del castigo penal por tal albedrío, siempre oneroso a los intereses públicos y, usualmente, corrupto. Bajo la pulsión escapatoria, las Administraciones pretenden manejar los recursos públicos, como en el caso Nóos, a su capricho.

En segundo lugar, participo de la perplejidad con la que la Sala intenta desentrañar si la empresa pública y las fundaciones estaban o no sometidas a la legislación de contratos. En éste y en otros puntos, es de extraordinaria confusión, de la que cae presa el propio Tribunal cuando se enreda con la naturaleza de las entidades, máxime si se comparan con sus homólogas baleares: mezcla el término material (“entidad pública” o de las Administraciones públicas) con el formal (naturaleza jurídica de la personalidad) cuando analiza los artículos 1 y 2 de la Ley. A la conclusión a la que llega, en el caso de CACSA, es la de que sí lo estaba, pero no, así, el contrato que celebró con Nóos. En cambio, las fundaciones (FTVCB y la Fundación Madrid 16) no quedaban sometidas a la ley. En todo caso, como bien expone el Tribunal, estas dudas interpretativas derivadas de la falta de claridad de la norma, impiden que se pueda apreciar la existencia del delito de prevaricación.

Los cambios normativos introducidos con posterioridad han pretendido cerrar estas puertas, pero hay que dar un paso más. No es posible que nadie que maneje recursos públicos, se atrinchere bajo unos u otros ropajes, y aún menos de Derecho privado, el de la libertad, para administrarlos arbitrariamente. Todos deben estar sometidos a las mismas reglas, a los mismos controles. Sin embargo, también nos debemos preocupar por el funcionamiento eficiente del mercado de la contratación pública. Un mercado que mueve en nuestro país casi 200.000 millones de euros anuales no puede ofrecer tantas posibilidades y tan burdas para escapar de la competencia. El caso Nóos nos muestra que el subterfugio de la personalidad no puede ser la excusa para que los políticos escapen de los controles, precisamente, para eliminar la competencia, contratar con los amigos, los conocidos o los “donantes”. En un contexto de mercado, estoy seguro de que no habría caso. Y los enemigos de la Corona no habrían tenido excusa para atacarla tan injustamente.

(Expansión, 21/02/2017)

20/2/17

Visto para sentencia


El viernes 10 de febrero, el presidente del Tribunal que está juzgando a A. Mas, I. Rigau y J. Ortega, por los delitos de desobediencia y de prevaricación, cometidos con ocasión del pseudo-referéndum del 9-N, pronunció las palabras que ponían fin a las sesiones de la vista oral. El juicio quedó visto para sentencia; a la espera de que se dicte la Sentencia que le ponga fin, al menos, en primera instancia. En las sesiones se ha consagrado, una vez más, que el principal arte (y habilidad) del secesionismo es el engaño. Todo es engaño. El inefable S. Vidal lo expresó con la mayor claridad: “no somos tontos”; en cambio, los “otros”, sí lo son. Y, como lo son, la principal y más efectiva arma, en manos de una superior inteligencia, es el artificio, la trampa.

El observador imparcial cae presa de la esquizofrenia: nos dicen que el 9 de noviembre no vivimos lo que vivimos, sino que hay otra verdad: la post-verdad, la alternativa, la construida ad hoc para liberar a los acusados de las penas de los artículos 410 y 404 del Código penal, las correspondientes a los delitos de desobediencia grave y de prevaricación administrativa, respectivamente. La mentira y la cobardía alardean de sus poderes. Los héroes patrios lo son por la vía del engaño; no importa: “somos más listos”.

El pleito se ha centrado, fundamentalmente, en el delito de desobediencia. Mientras que la Fiscalía considera que hubo delito, por cuanto los acusados se desentendieron de la orden del Tribunal Constitucional, la defensa y los mismos acusados, lo niegan. Incluso, A. Mas, en el mayor alarde de cinismo que hemos visto, muestra quinta esencial, como digo, del ardid, afirma que no hubo tal desobediencia al Tribunal; sólo al Gobierno. Embarran el terreno de juego con aseveraciones sobre la falta de concreción de la Providencia, la ausencia de requerimiento expreso, terminante, personal y claro. En definitiva, entuertos para embrollar el asunto. Dudo que tengan éxito ante los jueces. Su destinatario son los catalanes. Sin embargo, ¿de qué se les pretende convencer? ¿De que el referéndum no fue organizado por ellos? Si éste es el empeño, están condenados al fracaso. Todos vimos lo que vimos y nadie nos puede convencer de lo contrario. No es imaginable, en ningún país sensato, que, por ejemplo, un director de una escuela o un instituto le ceda las llaves, bajo su entera responsabilidad, a cualquier persona que se lo reclame. Si así actuase, quien estaría cometiendo un delito, sería el director. Dolores Agenjo hizo lo que todos debieron hacer: pedir la orden para hacer la entrega y salvar su responsabilidad. El que sólo ella lo hiciese, es la muestra del clima de presión en el que todos se encuentran. Presión no quiere decir obligación, como hábilmente una de las testigos de la defensa insistió. La presión, como la violencia, tiene múltiples rostros. Uno de ellos es, precisamente, el influjo tan determinante y relevante que compromete la libertad.

El gran argumento para enervar la acusación de desobediencia es la ausencia de un requerimiento claro, terminante, expreso, personal, … como última admonición a la autoridad de que debe cumplir la orden que se le ha dirigido. Un argumento formalista, derivado de cierta jurisprudencia, que no tiene en cuenta dos circunstancias bien precisas. En primer lugar, que la Providencia del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre de 2014 decía, de manera categórica, que el Tribunal “acuerda suspender los actos impugnados … así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella”. ¿Qué parte no se entiende? ¿Dónde radica la confusión que pudiese nublar el entendimiento de una persona, de buena fe, que recibiese esa orden? Los términos, en Derecho, no son inocentes: el Tribunal se refirió a todos los actos (formales) y las actuaciones (materiales), tanto las de preparación como las vinculadas; a todas.

Y, en segundo lugar, se pretende tratar al Tribunal Constitucional como si de cualquier otro tribunal se tratase, exigiéndosele que, según una doctrina jurisprudencial que no atiende sus singularidades, hiciese algo que, en la fecha en que dictó la providencia, no podía hacer: dictar el requerimiento. No deja de ser paradójico que, los que denuncian la falta de requerimiento, son los mismos que consideran inconstitucional la reforma de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, por la que puede, precisamente para ejecutar sus resoluciones, efectuar requerimientos a instituciones, autoridades y empleados (artículo 92.4).

En consecuencia, se podría llegar a la situación absurda de que la desobediencia a la máxima autoridad judicial en el ámbito constitucional, el Tribunal Constitucional, no sería, en aquellas fechas, constitutiva de delito. Desobedecer a cualquier otro tribunal, sí que podría serlo, no así, como digo, a la máxima autoridad constitucional. A mi juicio, en un contexto como en el de la pseudo-consulta, con la urgencia correspondiente, instar al Tribunal a que hiciese algo que no podía, cuando su providencia era clara y terminante, en los términos expuestos, es la muestra, una vez más, de cómo el engaño se sirve de todo, incluso, de la buena fe de algunos. Sólo nos queda esperar a que la Sentencia convierta la verdad material en, también, la jurídica. Lo contrario sería un tributo a las artimañas de los secesionistas, no para romper España, sino el Estado democrático de Derecho.

(Expansión, 14/02/2017)

16/2/17

Ceguera política, depuración judicial

Un nuevo episodio. La Justicia ha pasado a ocupar un lugar central en nuestro régimen político. De acuerdo con las coordenadas institucionales del Estado de Derecho, un poder judicial independiente y sometido en exclusiva al imperio de la Ley, como dispone el artículo 117 de la Constitución, tiene como tarea la garantía de la legalidad. Un papel importante, pero, en términos políticos, secundario. Sin embargo, en los últimos tiempos, se están produciendo dos circunstancias no menores. Por un lado, la relevancia de los asuntos; su transcendencia social, política y económica, coloca la controversia en el centro del escenario, por lo que la resolución judicial reviste una singular relevancia. Y, por otro, los jueces están demostrando su capacidad para decidir de manera independiente, cruzando fronteras que antes se mantenían ignotas. Así, por ejemplo, en los casos relativos a la banca. La sucesión de sentencias adversas en relación con las hipotecas y otras prácticas bancarias, está colocando al sistema financiero contra las cuerdas. El riesgo es el de que se vuelva a cumplir la ley de Bachelard sobre la bipolaridad de los errores: los abusos de la banca están alimentando los excesos contra la banca, hasta que se termine llegando a un punto de equilibrio.

En este contexto, se insertan las últimas resoluciones judiciales. No sólo el auto de la sección tercera de la Audiencia Nacional que ha ordenado que se cite a declarar como investigados a los responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con la constitución y posterior salida a bolsa de BFA-Bankia. Sólo en los últimos días, también encontramos otras actuaciones judiciales igualmente relevantes: la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana del pasado viernes que impone penas de hasta 13 años a los distintos responsables de la denominada trama valenciana de la Gürtel; el mismo viernes, quedó visto para Sentencia la causa contra Mas, Rigau y Ortega por los delitos de desobediencia grave y prevaricación en relación con la consulta secesionista del 9 N; este lunes, el Juez Central de Instrucción 6, de la Audiencia Nacional, dictaba un auto por el que se daba traslado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia de las actuaciones contra, entre otros, el Presidente de Murcia, por entender que hay indicios de la comisión de varios delitos, entre ellos, de prevaricación, en un contexto más amplio de corrupción; también en el día de ayer, la antigua Ministra de Sanidad comparecía como acusada en la causa que se ventila por otra trama de corrupción. Y suma y sigue. Un sinfín. Si son los jueces, o los asuntos que conocen, o ambos, es evidente que los jueces están asumiendo sus responsabilidades sin miramiento respecto de quiénes son los encausados, imputados o investigados.

Ahora le corresponde a la cúpula del Banco de España y de la CNMV en relación con el asunto Bankia. Según la Sala, es oportuno llamarles a declarar, en calidad de imputados, porque existen elementos de juicio, derivados, en particular, de los correos electrónicos de los técnicos del Banco de España, sobre la comisión de eventuales delitos, derivados de la autorización de la salida a Bolsa, “pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del BdE de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)”. En consecuencia, la Sala considera “razonable” y “razonada” la investigación contra los altos cargos, porque existen en el procedimiento indicios “múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados”.

En este caso, se combinan tanto las eventuales derivadas jurídicas con las repercusiones de todo tipo del caso Bankia. Los jueces no son autómatas. No deciden, en el aislamiento monástico y a la espera de la señal del Espíritu Santo. Son personas que no pueden cerrar los ojos a las preocupaciones de la sociedad a la que, en última instancia, han de servir por la mediación de la Ley. Cuando las instituciones democráticas han sido incapaces de depurar las responsabilidades políticas, su fracaso alienta otras formas de depuración. A enero de este año, se sigue sin constituir en el Congreso una comisión parlamentaria de investigación del saqueo de las cajas de ahorro por el bloqueo de los dos partidos mayoritarios. Todo sistema social, como cualquier otro sistema “vivo”, precisa de la depuración. Es una función quintaesencial para su resiliencia. O la haces, o te la hacen. Si los políticos no quieren, sólo queda la depuración judicial. Los jueces no pueden cerrar los ojos ante la cerrazón de los políticos. No hay zonas de inmunidad porque corroe la estabilidad del sistema.

No sabemos en qué quedará, si, efectivamente, prospera la imposición de un castigo contra las conductas indiciariamente delictivas de los llamados por el auto que hoy hemos conocido, pero no hay duda de que forma parte del necesario proceso de purga de un hecho que tanta frustración y dolor ha causado a todos. No es razonable esperar que la crisis y sus distintas vertientes sólo tengan una derivada personal. También las instituciones tienen que asumir sus responsabilidades. Es la única manera de que el régimen político aprenda. Sabemos que se volverá a repetir, es una cuestión de tiempo, pero que, al menos, quede constancia de que habrá castigo.

(Expansión, 14/02/2017)

9/2/17

Contratación pública, más mercado: cambio de paradigma

Ha comenzado la andadura parlamentaria de los dos proyectos de Ley que, en materia de contratación pública, incorporan a nuestro ordenamiento jurídico las Directivas Europeas 23, 24 y 25 de 2014 relativas a adjudicación de contratos de concesión, contratación pública y contratación en ciertos sectores, respectivamente. Los proyectos de Ley de contratos del sector público y de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales tienen una característica sobresaliente: su muy deficiente técnica legislativa. Más de 300 páginas, 466 artículos, 46 disposiciones adicionales, y otras tantas derogatorias y finales, suman el monstruo que constituye el peor ejemplo de lo que no debería ser una ley. Cuando el legislador necesita decir tantas cosas, en tantas páginas, es porque, o no tiene las ideas claras, o teniéndolas no son confesables, por lo que hay que ocultarlas en un inmenso océano de palabras.

En la Ley 39/2015, se hacía profesión de fe a favor de la better regulation, la mejora regulatoria. En el artículo 129 se consagran los principios de buena regulación para garantizar, entre otros, la seguridad jurídica, “para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas”. El texto que se nos presenta, en nada se ajusta a estos principios. El resultado es un texto inmanejable. Y nos tenemos que preguntar: ¿a quién le beneficia? Los bienintencionados podrían decir que a nadie; los malpensados, podrían sostener que a los que tienen recursos para pagar el asesoramiento jurídico adecuado que desmadeje lo que el legislador ha enrevesado y poder aprovecharse de las sombras y de los agujeros negros de la regulación. En todo caso, sea cual fuese la interpretación que se patrocine, la legislación que se nos presenta es un obstáculo, insalvable para muchos, a la competencia.

Una idea a la que rinde tributo estos proyectos es la de regular un poder de la Administración (y no sólo de la Administración): el poder adjudicador, para evitar la arbitrariedad y, en particular, la corrupción. Es un poder bajo sospecha, también para la legislación de la Unión, puesto que sirve para crear obstáculos al mercado interior. En consecuencia, se pretende agotar, hasta el absurdo, los agujeros por los que se puede colar la ilegalidad. Sin embargo, el poder, como tal poder, siempre tiende a la arbitrariedad y al abuso, por lo que la imaginación, incluso, la más desatada del legislador, será incapaz de contemplar todos los resquicios por donde éstos se podrían colar. La técnica de crear una malla de reglas para atrapar al poder, es tan imposible como intentar recoger el agua con la mano. Siempre se escapará.

A mi juicio, hay un error de planteamiento que, tal vez, todavía estamos a tiempo de corregir. El centro de gravedad de la regulación de la contratación no debería ser el poder, sino el mercado, el de la contratación pública. El objetivo de la regulación no debería ser trenzar una red tupida para controlar el poder, sino garantizar un verdadero mercado de la contratación pública.

En España, según los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, la contratación pública representa el 18,5 % del PIB, o sea, 194.000 millones de euros anuales. Un mercado de tal magnitud sufre unos desfallecimientos funcionales y estructurales que se traducen, entre otros, en una recurrente ausencia de presión concurrencial, la cual, según los cálculos de la Comisión, podría implicar hasta un 4,6 % del PIB anual, aproximadamente, 47.500 millones de euros. Las cifras nos están ofreciendo un retrato de la importancia del mercado, así como las consecuencias de sus fallos.

Esta situación, que se viene repitiendo desde hace muchos años, merece para el Gobierno la respuesta de más de lo mismo. Desde la primera ley de la contratación pública de la Democracia, Ley 13/1995, se viene repitiendo la necesidad de la transparencia, la objetividad, la igualdad, la no discriminación y la libre concurrencia. Más de 20 años después, el texto normativo sigue engordando. Una obesidad mórbida que terminará matando al paciente llamado mercado y, sobre todo, la eficiencia en la asignación de los recursos.

No es un descubrimiento el que, cuanto más competitivo sea el mercado, menos posibilidades de corrupción y mejor asignación de los recursos. En cambio, cuanto menos competitivo, mayores posibilidades y peor asignación. La legislación que se nos ofrece, afronta, en el mejor de los casos, la probidad e, incluso, se nos dice, quiere convertir la contratación pública en un instrumento de la política. El resultado es nefasto: más y más obstáculos a la competencia. Y sabemos qué es lo que sucede.

Se ve con normalidad el que un mercado que factura 30.000 millones de euros anuales, como el de las comunicaciones electrónicas, tenga un regulador independiente y una permanente preocupación por la competencia. En cambio, otro, de casi 200.000 millones, que sufre un desfallecimiento de 47.000 millones, ni cuenta con tal regulador, y, pretende ser convertido por ende en un instrumento al servicio de objetivos políticos (ambientales, sociales y de innovación). En definitiva, se sigue sin afrontar los problemas que acucian a la contratación pública. Necesita convertirse en un auténtico mercado, el de la contratación pública. Menos poder y más mercado.

(Expansión, 07/02/2017)

4/2/17

"La verdad os hará libres"


Esta frase, que se encuentra en el Evangelio según San Juan (8,31-42), expresa algo que está profundamente arraigado en nuestra cultura: la mentira esclaviza, la verdad libera. El ex senador, ex juez en activo y, probablemente, ex todo, S. Vidal, viene reiterando a lo largo de la geografía catalana y ante muy distintos auditorios, entregados a la causa, con presencia de dirigentes de la Generalitat y de los partidos secesionistas, todo aquello que tenemos la sospecha de que el secesionismo está haciendo. Suponer que los secesionistas no están preparando la secesión es absurdo.

Las palabras tienen dos planos de análisis. Por un lado, el estrictamente literal. Que hay una “Generalitat en B” que cuenta, entre otros, con los datos fiscales de todos los catalanes, que ha fichado a todos los jueces, que ha buscado la financiación internacional, que ha tanteado el reconocimiento de unos u otros Estados, e incluso, el de una potencia internacional no europea, que ha preparado unidades policiales en labores de contra-inteligencia, … ¿alguien duda de que no sólo lo están haciendo, sino que, además, en coherencia con sus objetivos, es razonable que lo hagan?

Y, por otro, el escándalo que ha suscitado esas palabras. Según parece, todavía hay ingenuos que creen que los secesionistas no van en serio. Se sorprenden que están creando las “estructuras de Estado” y que ya hay una organización, dotada de importantes fondos públicos, comprometida, al margen de la legalidad, con ese objetivo. Algunos piensan que todavía estamos en el debate de las ideas, en el político, e, incluso, que el suflé está bajando o bajará. No. Van en serio. Están preparando la subversión del orden constitucional. Que se le llame golpe de Estado o lo que sea, es puramente semántico. El nombre se tiene que rendir ante la evidencia de que el objetivo es la abrogación del ordenamiento jurídico español y su substitución por otro, el catalán. Se intenta aparentar como un proceso pacífico, participativo e, incluso formal. La denominada Ley de transitoriedad tendría como finalidad regular el paso de una legalidad a la otra (“de la ley a la ley”) olvidando algo tan extraordinariamente básico como que el actor que lo haría posible, el pueblo catalán, debería ser un sujeto soberano y tal condición sólo podría alcanzarla en contra de la legalidad interna e internacional. Se pretende erigir sobre la base de la efectividad.

La legalidad siempre ha sido contrapuesta a la efectividad. Ya el gran jurista H. Kelsen (1881-1973) afirmaba que, en última instancia, el ordenamiento jurídico tiene su fundamento en la regla de la efectividad. La república catalana será independiente si, efectivamente, lo es. Y lo será si es reconocida por la Comunidad internacional. Sobre esta base, y la determinación de que se haga realidad, los secesionistas están preparando la república. Y, en esta clave, se insertan las palabras de Vidal.

Desde el punto de vista de los secesionistas, le critican su megalomanía, su afán de protagonismo, su patológico deseo de ser el centro de todo, incluso, de la conspiración, hasta el extremo de revelar lo que se están haciendo y, además, desde hace tiempo. Pretenderán decir que es mentira. Juegan con el equívoco y la confusión. La estrategia de la tinta del calamar. Los datos fiscales son muchos y de muy distinto tipo. Probablemente, se ha creado una base de datos integrando los dispersos y de múltiples fuentes. Al menos, es el comienzo para erigir el sistema tributario. No pretenden tenerlo cerrado o finalizado, sólo el embrión.

Que sea legal o ilegal es irrelevante: es una pieza menor de la gran ilegalidad en que consiste el proceso mismo. A mi juicio, el escándalo que ha suscitado es porque, algunos, como digo, se han convencido, por fin, de que van en serio. Que los preparativos no son meramente teóricos, como los distintos estudios que vienen haciendo, sino que se está pasando a los hechos, a los dispositivos para tener o contar con una república, al menos, en sus albores.

Y frente a esto, ¿qué se está haciendo? Me imagino que, con discreción, se estará trabajando por los servicios exteriores del Estado para conjurar cualquier intento de reconocimiento que sirva de base al indicado principio de efectividad. Sin embargo, falta lo principal: una auténtica política sobre Cataluña. La dificultad es la falta de interlocutor territorial para ejecutarla. ¿Cómo se puede alcanzar un acuerdo sobre financiación cuando uno de los interlocutores no comparece? ¿cómo se puede mejorar la red de cercanías cuando al Govern ni se le espera? Si uno de los jugadores no acude, no hay partido. Y si no hay, los perjudicados son los espectadores. Esta circunstancia socava, y gravemente, la credibilidad de los secesionistas. ¿Cómo pueden seguir hablando de los problemas de Cataluña cuando no hacen nada por solucionarlos? Su incomparecencia es la que impide remediar las contrariedades que se han erigidos para justificar el mismo proceso. Demuestran su intransigencia cuando están dispuestos a sacrificar, en el altar de la patria, todo, incluso, el bienestar de los ciudadanos. La verdad nos hará libres, también del populismo iluminado, al modo Trump, del nacionalismo.

(Expansión, 31/01/2017)

28/1/17

Cómo hacer cumplir las leyes: la enfermedad del miembro viril

El Código de Hammurabi me suscita mucho interés y curiosidad. El primero de los grandes textos jurídicos de la humanidad. Una estela del año 1692 a.C. Un retrato excelso de la función de la norma en la sociedad. En sus 282 leyes o reglas encontramos las preocupaciones o intereses de los habitantes de Mesopotamia, así como el papel del Estado como garante de un orden común para todos los súbditos.

De Mbzt - Trabajo propio, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16931676

Tiene varios rasgos sobresalientes. Por un lado, es la expresión de la necesidad de regular las relaciones sociales que se producían en aquella sociedad, desde el matrimonio, la familia y las relaciones paterno filiales, a los derechos y deberes en relación con lo que hoy podemos denominar como distintas formas contractuales (venta, arrendamiento, depósito, ...), pasando por las responsabilidades surgidas por los eventuales daños que se pudieran producir entre las personas. Y, por otro, la búsqueda de la seguridad pero también la uniformidad de las reglas en todos los lugares del Reino. La afirmación del Estado (alrededor de la figura del Rey) como poder garante de la seguridad de los súbditos en todo el ámbito territorial y para todos, con independencia de que sean señores o no, así como los esclavos. La pretensión de la afirmación del poder sobre un territorio y unas personas. La estela se colocaba en la plaza del pueblo para conocimiento público. Aunque muy pocas personas sabían leer y escribir si que era posible prever qué consecuencia tendría determinada conducta. Una consecuencia sancionadora. La lista de castigos que implicaba la muerte era extensa.

Y todo esto se hacía cumplir no sólo por el poder del Rey Hammurabi, sino por distintas imprecaciones o llamadas a los dioses para que castiguen a los incumplidores. Una es singularmente llamativa.
"Yo soy Hammurabi, el Rey de la Equidad, a quien el divino Shamash otorgó la Verdad: mis palabras son exquisitas, mis obras no tienen igual; sólo para un necio son algo vacío, para el perspicaz, están destinadas a la gloria. Si ese hombre atiende a las palabras que he grabado en mi estela, no desecha la ley, no da sentido torcido a mis palabras ni altera mis signos y designios, que a ese hombre, igual que a mí, el Rey de la Equidad, el divino Shamash le alargue el cetro y que pastoree a su gente en la Equidad. 
Pero si ese hombre no atiende a las palabras que he grabado en mi estela, desprecia mis maldiciones y no se arredra ante las maldiciones de los dioses, y abole la ley que yo he dado, da un sentido torcido a mis palabras, altera mis signos y designios, borra mi nombre inscrito y luego graba el suyo o, por estas maldiciones, instiga a otro a que lo haga, a ese hombre, sea rey, señor, gobernador u otro sujeto, a ese hombre, llámese como se llame, que el gran Anum, el Padre de los Dioses, el que me llamó a mi reinado, le quite la gloria de la realeza; que quiebre su cetro y que maldiga su destino

Que la divina Ninkarrak, Hija de Anum, que intercede por mi bien en el Ekur, haga salir en sus miembros [viriles] grave enfermedad, un mal demoníaco, un bubón doloroso que no se aplaque, cuya naturaleza ignore el médico, que no pueda calmar con vendajes y que, como el mordisco de la muerte, no se lo pueda arrancar, para que, hasta que se le extinga la vida, no cese de llorar por su virilidad."
Una amenaza contundente. Una llamada a los dioses a que aplique tan doloroso castigo. Con tal imprecación, seguro que muchos atendieron los designios de las leyes.