El gran tema, lamentablemente, de la actualidad política española es el de la corrupción. En el día de hoy publico en Expansión una pequeña colaboración sobre esta cuestión.
La corrupción tiene varias dimensiones pero todas asociadas con un hecho: el poder. Cualquier forma de poder tiene un precio; siempre habrá alguien dispuesto a pagar y otro dispuesto a cobrar por los beneficios que depara. Esto sucede entre nosotros pero también en otros países. Es la contraprestación por un beneficio que no se debería obtener conforme a la legislación y a la ética. Este precio, esta mordida, esta comisión, usualmente sirve para enriquecer las arcas del partido y, además, el peculio de los que participan en la trama. Ésta es una de las originalidades españolas: la asociación de la corrupción con la financiación de los partidos. El poder de los partidos entre nosotros es inmenso. Hablamos de la democracia española como una democracia de partidos. La Constitución ha consagrado este papel (articulo 6) pero se han convertido en organizaciones que controlan de manera estricta los cargos electos de su obediencia. Unas listas cerradas y bloqueadas así lo facilita. El mantenerse en el cargo y/o en la lista, en un "puesto de salida", tiene como contrapartida la disciplina a ultranza. Quien se separe de la línea oficial ya no percibirá ninguno de los beneficios. Este mecanismo crea un incentivo para que el partido se vea tentado en recibir una retribución por los beneficios públicos dispensados por sus cargos. La solución no es la de eliminar a los partidos, cuyo papel es importante, sino el controlar sus fuentes de financiación. Todo poder sin control tiende inexorablemente a la arbitrariedad y a la corrupción. La otra originalidad española, a mi juicio, es la de la ineficacia de los mecanismos de castigo. La corrupción, como digo, es un fenómeno universal, la diferencia radica en la persecución. Si estos mecanismos no funcionan, la corrupción se reduplica. Esto es lo que está sucediendo entre nosotros. El castigo es lento, leve e, incluso, inexistente. El caso Pallerols es la mejor ilustración. Después de una instrucción de más de 14 años, el asunto se resuelve con una sanción más simbólica que real. Esta lentitud y, en consecuencia, esta ineficacia, está relacionada, entre otras, con la acumulación de la depuración judicial paralela de la responsabilidad criminal y civil. En Estados Unidos, por ejemplo, la separación de estas dos responsabilidades permite la imposición de un castigo rápido, mientras que la depuración de la responsabilidad civil por los eventuales daños sigue un curso más lento, pero con el criminal, ya condenado, en la cárcel. Así casos como Madoff, con miles de millones de dólares estafados, pudo resolverse en pocos meses con la imposición de una condena de ciento de años, mientras que aún sigue sin liquidarse completamente la responsabilidad civil. Si no se consigue arbitrar un sistema eficaz de persecución de la corrupción, la amenaza del castigo no será creíble y el corrupto no tiene incentivos para cejar en su comportamiento criminal, en tal caso, se corre el riesgo, como podemos observar, de que la corrupción deje de ser un fenómeno para convertirse en sistema. Un sistema corrupto seria una pesada losa, una más, sobre nuestra democracia. Seria excesivo. No están en juego unos millones, sino nuestro Estado de Derecho.El problema de la corrupción en España no es, a mi juicio, de educación, valores, ... es, fundamentalmente, de castigo. Si el castigo no funciona porque es lento, benévolo o ineficaz, la corrupción se reduplica. Si los corruptos fuesen rápidamente encarcelados, habría un poderoso incentivo para cejar en la práctica corrupta o en intentarlo. En mi artículo comento una posibilidad para acelerar la acción de la Justicia, como sucede en Estados Unidos. No somos ni más ni menos corruptos que otros. La diferencia fundamental radica en la rapidez de la acción de la Justicia. Más rapidez en la administración de los castigos y estoy convencido de que la corrupción se vería sensiblemente reducida, que no eliminada. Es el único mensaje que entienden los corruptos.
Hay que matar a B http://histericapeninsula.blogspot.com.es/2013/01/hay-que-matar-b.html
ResponderEliminarCastigo y eliminación de la posibilidad de corrupción. Los partidos deberían de sostenerse con las donaciones de sus afiliados, con todas las cuentas claras. Ni un duro en subvenciones ni de dinero público.
ResponderEliminarCierto, pero creo más en el castigo. Que sufraguen los gastos como quiera pero cualquier ilegalidad se paga de manera, además, rápida. No me preocuparía controlar lo que "entra" en las arcas cuanto castigar dura y eficazmente la ilegalidad del dinero manejado. En este momento, a mi juicio, lo único realmente eficaz es la administración rápida de las sanciones. Y, además, dirigida, en primer lugar, al corrupto y, en segundo lugar, al partido. Aunque, en este caso, la responsabilidad sería civil o patrimonial (porque es poco probable que se demuestre una responsabilidad penal) por lo que, a mi juicio, debería seguir otro cauce más "lento" pero con el corrupto en la prisión.
EliminarAmén.
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