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Eficiencia y garantías, ¿por qué algunos economistas no entienden las leyes del Estado de Derecho?

Hoy Luis Garicano publica en El mundo un interesante artículo sobre la situación política en España y la necesidad de las reformas: ¡Basta ya! | Economía | elmundo.es Es difícil o imposible no compartir sus ideas. La situación reclama, como recoge gráficamente, un basta ya. Los ciudadanos estamos hartos de tanta porquería. Ahora bien, hay un aspecto y una afirmación que me resultan incomprensibles. No logro entender cómo algunos economistas siguen considerando que las garantías de un Estado de Derecho son un obstáculo; con el mismo racionamiento también podría serlo la democracia. Este empeño en enfrentar las garantías con la eficiencia económica es el empeño más incomprensible que se puede observar. No tiene ninguna lógica ya no sólo democrática sino, incluso, económica: ¿acaso no es lo más ineficiente que un inocente sea condenado? ¿no es el mejor ejemplo de derroche económico? Garicano sostiene la siguiente afirmación: "Y el sistema legal debe revisarse para hacerlo menos garantista y más eficiente. El exceso de garantías simplemente sirve para que los que se puedan pagar un abogado caro eviten, por la vía de retrasarla, la justicia." Es una afirmación atrabiliaria, frívola y gravemente perjudicial. En España no tenemos un problema de exceso de garantías; el problema no es, ni económico. Está confundiendo lentitud de la justicia con las garantías de la justicia. Aquella no tiene nada que ver, normalmente, con las garantías. Es perfectamente posible que la acción de la justicia sea rápida sin menoscabo de las garantías. Se está mezclando dos aspectos que no tienen relación entre sí: garantías y lentitud o, aún más dañino y equivocado, entre garantías y posibilidades para que los poderosos queden impunes. Es un disparate galáctico basado en el desconocimiento del funcionamiento de nuestros Tribunales. El problema, insisto, no es de garantías sino de medios e, incluso, de voluntad. Habría que llevar a cabo reformas, que no afectan a las garantías, sino a la organización y al funcionamiento del Poder Judicial. Estas reformas no deberían disminuir las garantías, incluso, podría incrementarlas, a la par que se aumenta la rapidez en la administración de la justicia. Ya he propuesto la conveniencia de separar la responsabilidad penal de la patrimonial por los hechos delictivos, como sucede en Estados Unidos. La depuración de esta última suele ser más lenta puesto que hay que determinar los daños, su cuantía y los responsables principales y subsidiarios. Es un proceso muy lento, más lento que el de la determinación de la responsabilidad criminal. Si esta se afrontase en primer lugar, la sociedad vería reivindicado su lógico y legítimo deseo de que el responsable sea castigado inmediatamente. La responsabilidad patrimonial se puede depurar con los responsables penales penando su culpa en la prisión correspondiente. Esta reforma nada tiene con ver con el exceso de garantismo ni supondría una disminución del mismo. Es una reforma, como muchas que se podrían llevar a cabo, de una mejor organización y funcionamiento de los Tribunales pero sin merma de las garantías. La reducción de éstas sería injustificada e irrazonable. Insisto, no hay nada más ineficiente que condenar a un inocente. Y el coste de esta condena no se compensa por la liberación de todos los culpables que se quiera. No. Este empeño de algunos en enfrentar garantías con eficiencia es un empeño democráticamente inadmisible y jurídicamente equivocado. El Estado de Derecho no se puede rendir ante el falaz argumento de la eficiencia.

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