El President A. Mas afirmaba, en una entrevista publicada en el diario La Vanguardia este pasado domingo, que “el error histórico del catalanismo ha sido ocuparse mucho más de las competencias que de los ingresos. Y ahí estamos todos. Los tripartitos, los gobiernos de CiU, la ERC de la República y la Lliga de principios de siglo XX.” Una entrevista en la que se repiten los tópicos y las afirmaciones de siempre. Esta que recojo es importante. Afirma que es un rasgo del catalanismo. Se equivoca. Es la prueba, una vez más, de la “hispanidad esencial de Cataluña” de la que hablaba Vicens Vives. Otra prueba más. No hay ninguna diferencia entre lo sucedido en Cataluña y en el resto de España. Los nacionalistas catalanes de todos los partidos han aplicado la misma política que los políticos de todos los partidos en toda España.
La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ha publicado varios informes para justificar la necesidad de la reforma. El primero de ellos, de julio de 2013, confirma que lo expuesto por el President Mas es uno de los males de la política española. El informe pone de relieve, por un lado, que el peso de las Administraciones públicas medido como nivel de gasto público no financiero en relación con el PIB es de los más bajos de Europa: “Con datos de la Comisión Europea de 2012, España se sitúa entre los 10 países de la UE con menor gasto público en porcentaje de PIB (43,4%), frente a un 49,9% de media en la eurozona, y a bastante distancia de los niveles de las grandes economías de la UE, como Francia (56,6%), Alemania (45%), Reino Unido (48,5%) o Italia (50,7%).” Y, por otro, por el lado de los ingresos, que la situación es bien distinta: “en 2012 el nivel de ingresos públicos se situó en el 36,4% del PIB, casi 10 puntos porcentuales de PIB por debajo de la media de la zona euro, siendo el país de la eurozona con el nivel más bajo de ingresos públicos sobre el PIB, sólo por detrás de Irlanda (34,6%) y de Eslovaquia (33,1%).”
El resultado es conocido: el peso de las Administraciones públicas no se corresponderá con el PIB pero lo realmente preocupante es que no se adecúa con los ingresos. No tiene razón el President Mas. Es un mal generalizado. Los políticos se preocupan más por maximizar sus competencias, menos o nada, por acomodar los gastos a los ingresos, y aún menos por los ciudadanos.
CORA ha elaborado con fecha noviembre de 2013 un excelente informe sobre las duplicidades administrativas que se documentan en sus más de 700 páginas. El retrato es confirmatorio de lo dicho. Un ejemplo que me ha causado impacto, por la desproporción entre la reforma a emprender y el beneficio a obtener, es el de la realización coordinada de los trámites de inscripción de la demanda de empleo y de solicitud de prestación por desempleo que corresponde a la Comunidad autónoma y a la Administración General del Estado respectivamente. La CORA calcula para los ciudadanos unos ahorros de más de 720 millones de euros anuales para lo que bastaría con un simple proceso automático de comunicación informática entre los respectivos servicios.
Si los gastos no se corresponden con los ingresos, la única solución es la racionalización de la estructura administrativa. Hay mucho por hacer y, además, fácil de hacer, si hay buena fe y lealtad. Por ejemplo, existe una multiplicidad de organismos técnicos (servicios meteorológicos, servicios cartográficos, estudios de opinión, …), de protección de derechos (defensor del pueblo, agencia de protección de datos, …), de control de la gestión pública (tribunales de cuentas) o, por último, de defensa de la competencia, que no tienen por qué replicarse en todas las Comunidades. La supresión de defensores del pueblo podría suponer un ahorro para las Comunidades de 30 millones anuales, los de control de la gestión pública, unos 45 millones anuales, … etc. El cálculo que ha llevado a cabo la CORA sobre los ahorros derivados de todas las medidas que propone (racionalización administrativa, supresión de organismos y estructuras, eliminación de duplicidades y mejora de la gestión de medios y servicios) es de 6.440 millones de euros en los tres años de su implantación para las AA.PP.
El President Mas sólo tiene razón en un aspecto: en todos los apartados en los que se analizan las duplicidades, en todos, está presente Cataluña. La Generalitat de Cataluña ha llevado hasta el paroxismo la multiplicación de organismos. El objetivo perseguido, ya desde hace años, es la replica territorial del Estado. Es más fácil identificar lo que no tienen, como el Consejo de Justicia de Cataluña como “órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña”, que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional (Sentencia 31/2010). En definitiva, mal que le pese a los nacionalistas, la frontera sólo está en la cabeza de aquellos que quieren imponerla. Los políticos son políticos y su esencialidad hispana es la de la expansión ilimitada de las competencias/gastos. Y los nacionalistas han aplicado esta lógica hasta el final. Su motivación será distinta pero el camino emprendido es coincidente. No hay singularidad catalana. Es, lamentablemente, muy española.
La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ha publicado varios informes para justificar la necesidad de la reforma. El primero de ellos, de julio de 2013, confirma que lo expuesto por el President Mas es uno de los males de la política española. El informe pone de relieve, por un lado, que el peso de las Administraciones públicas medido como nivel de gasto público no financiero en relación con el PIB es de los más bajos de Europa: “Con datos de la Comisión Europea de 2012, España se sitúa entre los 10 países de la UE con menor gasto público en porcentaje de PIB (43,4%), frente a un 49,9% de media en la eurozona, y a bastante distancia de los niveles de las grandes economías de la UE, como Francia (56,6%), Alemania (45%), Reino Unido (48,5%) o Italia (50,7%).” Y, por otro, por el lado de los ingresos, que la situación es bien distinta: “en 2012 el nivel de ingresos públicos se situó en el 36,4% del PIB, casi 10 puntos porcentuales de PIB por debajo de la media de la zona euro, siendo el país de la eurozona con el nivel más bajo de ingresos públicos sobre el PIB, sólo por detrás de Irlanda (34,6%) y de Eslovaquia (33,1%).”
El resultado es conocido: el peso de las Administraciones públicas no se corresponderá con el PIB pero lo realmente preocupante es que no se adecúa con los ingresos. No tiene razón el President Mas. Es un mal generalizado. Los políticos se preocupan más por maximizar sus competencias, menos o nada, por acomodar los gastos a los ingresos, y aún menos por los ciudadanos.
CORA ha elaborado con fecha noviembre de 2013 un excelente informe sobre las duplicidades administrativas que se documentan en sus más de 700 páginas. El retrato es confirmatorio de lo dicho. Un ejemplo que me ha causado impacto, por la desproporción entre la reforma a emprender y el beneficio a obtener, es el de la realización coordinada de los trámites de inscripción de la demanda de empleo y de solicitud de prestación por desempleo que corresponde a la Comunidad autónoma y a la Administración General del Estado respectivamente. La CORA calcula para los ciudadanos unos ahorros de más de 720 millones de euros anuales para lo que bastaría con un simple proceso automático de comunicación informática entre los respectivos servicios.
Si los gastos no se corresponden con los ingresos, la única solución es la racionalización de la estructura administrativa. Hay mucho por hacer y, además, fácil de hacer, si hay buena fe y lealtad. Por ejemplo, existe una multiplicidad de organismos técnicos (servicios meteorológicos, servicios cartográficos, estudios de opinión, …), de protección de derechos (defensor del pueblo, agencia de protección de datos, …), de control de la gestión pública (tribunales de cuentas) o, por último, de defensa de la competencia, que no tienen por qué replicarse en todas las Comunidades. La supresión de defensores del pueblo podría suponer un ahorro para las Comunidades de 30 millones anuales, los de control de la gestión pública, unos 45 millones anuales, … etc. El cálculo que ha llevado a cabo la CORA sobre los ahorros derivados de todas las medidas que propone (racionalización administrativa, supresión de organismos y estructuras, eliminación de duplicidades y mejora de la gestión de medios y servicios) es de 6.440 millones de euros en los tres años de su implantación para las AA.PP.
El President Mas sólo tiene razón en un aspecto: en todos los apartados en los que se analizan las duplicidades, en todos, está presente Cataluña. La Generalitat de Cataluña ha llevado hasta el paroxismo la multiplicación de organismos. El objetivo perseguido, ya desde hace años, es la replica territorial del Estado. Es más fácil identificar lo que no tienen, como el Consejo de Justicia de Cataluña como “órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña”, que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional (Sentencia 31/2010). En definitiva, mal que le pese a los nacionalistas, la frontera sólo está en la cabeza de aquellos que quieren imponerla. Los políticos son políticos y su esencialidad hispana es la de la expansión ilimitada de las competencias/gastos. Y los nacionalistas han aplicado esta lógica hasta el final. Su motivación será distinta pero el camino emprendido es coincidente. No hay singularidad catalana. Es, lamentablemente, muy española.
(Expansión, 4/02/014)
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