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Cuando se quiere, se puede

Siempre me he preguntado, en mis casi treinta años como profesor de Derecho administrativo, si la Administración podría actuar con rapidez, como, por ejemplo, adoptar una disposición de carácter general en menos de 24 horas. Sí, se puede. Como los manifestantes, yo digo también, sí, se puede. Claro que se puede. ¿Quién y cómo ha conseguido batir este record, casi mundial? La Junta de Andalucía. Una rapidez estratosférica. El coste es el imaginado: la ilegitimidad e, incluso, la ilegalidad.

Los hechos son conocidos. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicaba en su número de 11 de abril, un Decreto de la Presidenta de 10 de abril, el 1/2014, por el que se modificaba el Decreto de la Presidenta 4/2003, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías. La modificación consistió en atribuir a la Consejería de Hacienda y Administración Pública las competencias que tenía atribuidas la de Fomento y Vivienda en relación a la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad pública. Esta última Consejería conservaba el grueso de las competencias de vivienda, menos la indicada de adjudicación. Y esto se hacía, según se explicaba en el Decreto, “con el fin de asegurar la máxima eficacia de la acción administrativa para el desarrollo del programa político del Gobierno, teniendo en cuenta las circunstancias sociales y económicas de Andalucía”.

La persecución de esa finalidad duró menos de 24 horas. En el Boletín oficial del 12 de abril, se publicaba el Decreto de la Presidenta 2/2014, de 11 de abril, que procedió a la derogación del citado Decreto 1/2014. Y se vuelve a repetir la cláusula de estilo: “con el fin de asegurar la máxima eficacia de la acción administrativa para el desarrollo del programa político del Gobierno, teniendo en cuenta las circunstancias sociales y económicas de Andalucía”. En menos de 24 horas, el mismo argumento sirve para una cosa y para la contraria.

La explicación política que está detrás de esta sucesión de Decretos es conocida. Me preocupa el descrédito del Derecho. Se ha dado un espectáculo que en nada contribuye a mejorar la opinión que tienen los ciudadanos de nuestras instituciones y del Estado de Derecho. Hay una preocupación general por la desafección ciudadana. La corrupción alienta este proceso, pero hechos como el vivido igualmente contribuyen. Es la idea de que todo vale y de que, si quieren, pueden. Pueden hacer cualquier cosa, incluso el ridículo, sin que se produzca sonrojo alguno.

Las instituciones son como las fincas de los partidos políticos en los que éstos hacen y deshacen a su antojo, con toda libertad. No hay límite, no hay respeto ni al Derecho. Se podrá discutir sobre la ilegalidad de lo actuado, pero hay algo más importante: la legitimidad. Lo vivido deslegitima las instituciones. Entiendo que la Presidenta puede estar muy disconforme con los manejos de la Consejera de Fomento en relación con la adjudicación de viviendas, puesto que, incluso, se tiene la sospecha de ilegalidad. Ahora bien, o se dan pasos tras haber meditado todas las consecuencias y, en tal caso, no hay vuelta atrás, o no se hace nada. Incluso, hay una tercera vía, iniciar el procedimiento administrativo para la revisión de las medidas ilegalmente adoptadas.

Cuando se manda el mensaje de que el Derecho y las instituciones son como marionetas en manos de los políticos, éstas dejan de ser la cobertura segura a la libertad. El riesgo es la arbitrariedad. El Estado de Derecho se asienta sobre la seguridad jurídica. Existe para dispensarla; se justifica porque crea el entorno adecuado para que la libertad de las personas pueda desplegarse. Las instituciones disfrutan de un capital de legitimidad que sus administradores, siempre temporales, los políticos, están constitucionalmente obligados a conservar e, incluso, a incrementar. Su dilapidación, es una amenaza a la conservación del Estado. No se juega, no, no se juega con algo tan serio. No. No es una finca. El Boletín Oficial no es un arma arrojadiza con la que amenazar a unos y a otros. Un poco de seriedad.

(Expansión, 15/04/2014)

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