Los idus eran, en el calendario romano, días especialmente propicios. En particular, los de marzo. El asesinato de Julio Cesar en el año 44 a.C., precisamente, en estas fechas, cambiaron la apreciación. En el caso de la Justicia española, es también una fecha poco propicia. Así viene sucediendo desde el año 2013. Desde que la Comisión de la Unión Europea publica EU Justice Scoreboard (aquí). Los idus de marzo nos saludan con los peores datos. Los que nos hablan de la ausencia de independencia. El peor de los calificativos que se puede aplicar a la Justicia. En este año, se repiten los resultados. Incluso, se empeoran. Si los de los años 2010-2012 puntuaban la independencia judicial con un 4, en el último periodo, el correspondiente a los años 2013-2014, la puntuación baja a 3,2.
La Comisión extrae el dato del Global Competitiveness Index del año 2014-2015 (aquí). El que nos coloca, en este apartado, en el puesto 97 del ranking de los 144 Estados evaluados. Esto significa que los ciudadanos de países como Tanzania, Costa de Marfil, Bolivia, Timor, Nepal, Eslovenia, Montenegro, Irán, Vietnam, Guyana, Kazakstán, Argelia, Marruecos, Senegal, Macedonia, … consideran que la independencia de sus Tribunales es mayor que la de los nuestros. Es muy fácil confundir el hecho (independencia) con la valoración. En nuestro caso, la distancia es tan considerable que pone de manifiesto que el problema no es la Justicia, sino la valoración que hacen de ella los ciudadanos. Están muy enfadados. Van más allá de la crítica. Están profundamente enojados. Muy enojados. El Eurobarómetro del año 2013 reflejaba que el 49% de los encuestados consideraban que la independencia era bastante mala o muy mala, cuando la media de la Unión Europea es el 31%, frente al 54% que la valora de manera positiva. El sentimiento de insatisfacción va creciendo, alcanzando, en la última encuesta del CIS (año 2014) al 78 por 100 de los encuestados que se muestran poco o nada satisfechos. Sabemos que no es verdad que nuestros tribunales sean menos independientes que los de los países citados. Y, sin embargo, son valorados con indignación.
Los datos objetivos no parecen ofrecer una base sólida para sostener tal opinión. Por un lado, el número de jueces por 100.000 habitantes es inferior a la media de la Unión. Según el EU Justice Scoreboard son 11 por 100.000 habitantes, cuando la media de la Unión está en 21. Y, por otro, el gasto en Justicia nos muestra otro rostro. El informe nos da una cifra sobre el coste por habitante que no es creíble. En el año 2012, nos dice, que el coste eran 26,99 €. Uno de los más bajos de la Unión (el promedio está en 48 €). Sin embargo, no se incluyen los presupuestos de las Comunidades Autónomas (que suponen el doble que el Ministerio de Justicia). Para encontrar una cifra más real, tenemos que dividir, por habitante, la cantidad que según el Boletín Estadístico del Consejo General del Poder Judicial (aquí), en el año 2013, se ha destinado a Justicia. La cifra sube a 76,65 €. En tal caso, se produciría la paradoja de tener la tasa más baja de Jueces con una de las más elevadas de gasto. La Justicia con menos jueces pero, de las más caras. En términos de PIB, rondaría el 0,4, cuando los que más gastan, dedican el 0,6%.
El cuadro no puede ser más confuso. Las imágenes que vemos en los medios de salas y salas llenas de expedientes abandonados de cualquier manera. Incluso, de otros que se extravían. Son contradictorias con los datos. O se necesitan más salas, o sobran tantos papeles. En una actividad tan intensiva de trabajo altamente cualificado (jueces), los medios materiales con ser importantes, no son lo más importante. Se necesitan más jueces. Acompañados de un procedimiento judicial que sea más rápido. Más oralidad, más recursos electrónicos. La Justicia funciona mal. Es lenta. Extraordinariamente lenta. También falta formación ciudadana. A pesar de contar con una de las mayores tasas de abogados de la Unión (285 por 100.000 habitantes en el año 2012), la educación jurídica es inexistente, incluso, entre los sectores ilustrados. La ignorancia genera frustración.
En definitiva, hay un malestar, incluso, desmedido de los ciudadanos respecto de la Justicia. Se combinan, de manera infernal, errores propios con ajenos. El Poder judicial español está sufriendo la crisis de legitimidad que acucia a todas las instituciones. No hay Estado de Derecho sin jueces independientes, imparciales y sometidos, como proclama nuestra Constitución, en exclusiva, al imperio de la Ley. No basta con “tener” Jueces. A la “existencia”, se ha de añadir el corazón del reconocimiento y de la legitimidad. Es el pulso de la vida. No tenemos un problema de independencia. Tenemos un problema aún más grave. El rechazo ciudadano. De aquél que da sentido a la función judicial. No son suficientes nuevas leyes. Es algo muchísimo más profundo que no se resuelve con el encastillamiento del Poder judicial tras un órgano de gobierno que ha contribuido a alimentar el problema con su pasteleo al provisionar las plazas. Faltan medios. Faltan jueces. Falta la reforma del procedimiento. Pero falta algo muchísimo más importante: el reconocimiento ciudadano. Y, sin éste, la función judicial desfallece. No es la de hacer Justicia. Es hacer otra cosa.
(Expansión, 17/03/2015)
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