La frase que sirve de título a este artículo fue acuñada por Juan Carlos Monedero, el ideólogo de Podemos. Es la máxima que retrata a la perfección, a mi juicio, cuál es el peligro de la izquierda radical. Su entendimiento oportunista de la legalidad. No es nada nuevo. Tanto la democracia como el Estado de Derecho son medios, son caminos, para alcanzar metas superiores. Y, como tales caminos, se seguirán o no a conveniencia. Es puro tactismo. Si es legal, bien; si no es legal, también. El Derecho, la legalidad es puramente secundaria. Lo único importante son los objetivos perseguidos. Que los medios utilizados sean contrarios a la legalidad, es secundario. Ésta se podrá cambiar o eliminar. Aquellos objetivos, no.
Nunca me pude imaginar que transcurridos 30 o 40 años, volveríamos a hablar de la teoría marxista del Derecho. La Historia tiene estas paradojas. Lo que se creía definitivamente enterrado no desaparece. Tornar a hablar de la superestructura en el siglo XXI me produce perplejidad. Pero es inevitable. Podemos es una alternativa real de poder. Es uno de los partidos emergentes que más ha crecido. Cuando sus expectativas parecían decrecer, de repente, renace. Y con qué fuerza. Es ya una realidad de poder en ciudades como Madrid y Barcelona, entre otras. No quiero decir que pasen a gobernar estas ciudades, pero es indudable que su peso es destacado en las plataformas que las van a gobernar. Y seguirán creciendo. No parece tener tope. Probablemente, los gobiernos frentistas, en mayor o menor medida, a constituir con el PSOE, en ciudades y en Comunidades Autónomas, le van a reportar más ventajas que inconvenientes. Contribuirán a la gobernabilidad, pero sin comprometer su ideario. Inducen al gobernante, el PSOE, a asumir los costes, mientras que Podemos, no los va a soportar, al mismo tiempo que gana el activo más valioso que les falta en su cartera electoral: la credibilidad, la respetabilidad, la seriedad, … Si los objetivos programáticos no se hacen realidad es porque gobiernan los otros. “Nosotros si podemos”. Ésta es la clave. El primer paso hasta alcanzar el resultado final.
El Derecho es, en la teoría marxista, una superestructura que refleja la estructura económica de clase. Vendría a ser una “técnica instrumental coactiva al servicio de los intereses económicos y políticos de una clase”, la dominante, la burguesa. Pablo Iglesias ha vestido el corazón marxista con un nuevo ropaje. En una famosa frase, afirmaba que, al igual que se hace el amor desnudo, se liga vestido, para alcanzar el poder, la vestimenta es esencial. Una que resulte atractiva. Que engatuse a los incautos. En relación con el Derecho, Iglesias ha expuesto, en su libro Ganar o morir. Lecciones políticas en Juego de Tronos, una tesis en la que intervienen tres elementos: legitimidad, poder y legalidad. Ésta consagra el orden, la paz civil, la del que ostenta el poder. Es fruto del poderoso. Es expresión del poder. La legitimidad es, a su vez, esencial para alcanzarlo y construir la legalidad. La relación entre legitimidad y poder es, nos dice, circular. Sirve tanto para cuestionarlo como para consolidarlo. La legitimidad construye poder, tanto como el poder construye legitimidad. En medio: la legalidad. Cuando se asienta una nueva legitimidad, el que la pasa a representar, ostenta el poder. Y desde éste, elabora la nueva legalidad. La legitimidad es el “código de la voluntad subterránea de un pueblo”. Quien lo interprete, quien lo represente, tendrá el poder y, desde el poder, la legalidad. Iglesias nos habla de dos fases o procesos. El destituyente y el constituyente. El de abrogar la legalidad y el de instituir una nueva. En el momento presente, el poder y la legalidad lo son de la casta. Al servicio de la clase dominante. La decantación de un nuevo código, una nueva representación, un nuevo poder abrogará aquel Derecho y establecerá uno nuevo. Podemos considera que estamos en la primera fase. Trabaja para cuestionar la legalidad. Investido en su condición de vanguardia que representa la legitimidad del pueblo. “No me importa si es legal o no”. No le importa porque es la legalidad a abrogar. La que ya carece, a su juicio, de legitimidad. La que ya no responde a ese código subterráneo del pueblo. Es significativo que Ada Colau, la futura alcaldesa de Barcelona, acudiese en apoyo de la ocupación de una propiedad privada a sabiendas de que su desalojo había sido ordenado por una resolución judicial. Si es legal o ilegal, no le importa. “Desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas”, nos dice.
El riesgo político del momento presente no es la fragmentación de la representación en varios partidos. Al contrario, sería una virtud muy importante para el sistema político al ser un factor de dinamización y de control del poder. El riesgo es que la izquierda radical, al considerarse investida del papel de interprete de una nueva legitimidad, ese “código subterráneo” de los deseos del pueblo, desconozca la legalidad e instaure, sirviéndose del poder, la “suya”. Como afirma Iglesias, “aprovechar la brecha abierta en la legalidad marchita de la Transición y el régimen del 78 […] atesorar suficiente legitimidad y suficiente poder [para] instituir una nueva legalidad”. Aquello que se decía en los años 70 y 80 del siglo pasado vuelve a reverdecer como en el primer día. La legalidad de clase. La que substituye a la de la casta. Una insoportable vuelta atrás en la marcha de la Historia.
(Expansión, 02/06/2015)
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