Populismo, corrupción institucional

Poco ha durado la honradez-sin-mácula. La doble vara de medir. El fichaje de parientes. Lo que a la derecha se le negaba, las izquierdas lo practican con fruición. A unos, los límites llegan hasta los estéticos; para los otros, ni los legales. El populismo tiene esta manifestación. Hoy, que estamos viviendo en Grecia uno de los episodios más escandalosos, suena fatuo preocuparnos por la legalidad. Sin embargo, si un rasgo sobresaliente tiene el populismo, es el de que a la salus populis se sacrifica todo y, en primer lugar, la legalidad, como ya lo afirmara la alcaldesa de Barcelona y los dirigentes de Podemos.

El mal llamado caso de los ERE de Andalucía es otro ejemplo de populismo, en el que también la legalidad es sacrificada. Los dos escritos que el Magistrado Instructor del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha comunicado, en relación con la imputación de Griñán, Chaves, Viera y Zarrias, nos ofrece un relato fáctico de cómo el populismo conduce a la corrupción institucional. Se trata de un relato de hechos indiciario y provisorio, pero ilustrativo. La corrupción no sólo comprende a personas. También abarca a las instituciones. En este caso, es aún más grave, porque tiene unos efectos perjudiciales que transcienden el eventual daño que para el erario público supone que se roben unas cantidades más o menos significativas. Sobre la importancia de las instituciones se ha insistido con frecuencia. Un sistema institucional corrupto produce pobreza. El aclamado libro de Acemoglu y Robinson así lo acredita. El Estado de Derecho, el real, no el nominal, es el que brinda la seguridad jurídica esencial para los mercados, porque es el que garantiza la libertad.

Los escritos que comento describen un sistema corrupto. Las personas son irrelevantes. Incluso las implicadas. Se les podrá exigir responsabilidad penal, pueden ser substituidas y el régimen continuará. Hasta el año 2000 las ayudas sociolaborales y a empresas se tramitaban como subvenciones, lo que obligaba a someterlas a los requisitos de publicidad, libre concurrencia, objetividad, legalidad, y fiscalización previa por la intervención. Eran un obstáculo (legal) a la administración arbitraria de las ayudas. Para preservar el régimen, se optó por ocultar la arbitrariedad; se utilizó el ropaje formal de la “transferencia de financiación” desde la Consejería de Empleo a una Agencia pública (IFA-IDEA) para que ésta pudiera abonar las que aquella Consejería decidía, pero sin someterse ni a publicidad, ni a concurrencia, ni a competencia, ni a reglas preestablecidas, ni a fiscalización, a nada de nada. La arbitrariedad más descarnada. El poder decidiendo en virtud del poder mismo. Así se han administrado, por ahora, 855 millones de euros. El número de beneficiarios es irrelevante. Al igual que los directamente implicados. Es más relevante la complicidad de tantos, en las instituciones y en la sociedad, incluso la de aquellos que no se beneficiaron pero que conocían qué es lo que estaba sucediendo y no hicieron nada. Tantos y tantos. El régimen consigue hacer realidad su desiderátum: la complicidad. Si aceptas las reglas, algún día también te tocará, te beneficiarás.

Los mecanismos de control funcionaron, pero sólo a medias. El Interventor General de la Junta “sí advirtió –como afirma el Magistrado en el escrito que comento- en los informes de auditoría de forma clara y repetida … que la concesión de subvenciones … se estaban otorgando con infracciones de legalidad, …. Sin embargo, cuando se trató de dar el paso siguiente que le marcaba la ley, ahí se detuvo.” Esta omisión, a juicio del Instructor, “sólo podría explicarse por el dilema en que se vio envuelto: o ponía en evidencia y bloqueaba un sistema ilegal que era el instrumento principal de materialización de los planes políticos del Gobierno, pero teniendo que hacer la denuncia ante los máximos responsables que le habían designado discrecionalmente para el puesto de Interventor; o proseguía con sus reiteradas advertencias de ilegalidad (inútiles por lo demás), pero sin emitir informe de actuación, que fue la opción que finalmente adoptó.” Y, concluye el Magistrado con una pertinente reflexión: “sólo nos queda plantearnos el interrogante de si un sistema de Intervención puede alcanzar el grado necesario de eficacia cuando el que hace la labor de Interventor General tiene que controlar la actuación de quienes lo nombran discrecionalmente para ejercerla. Es decir, si el Interventor puede realizar un control eficaz cuando es nombrado discrecionalmente por el intervenido”. Aquí está expuesta una de las razones del fracaso de nuestro sistema de control.

El populismo está detrás de la corrupción institucional, el “sistema ilegal que [es] el instrumento principal de materialización de los planes políticos del Gobierno”. El régimen se erigió, cómo no, para ayudar a los trabajadores, a los necesitados, a los que sufrían las consecuencias de la crisis. La pantalla que lo cubre todo. Que lo salva todo. Los intelectuales de izquierdas quieren reducir la importancia de los delitos cometidos por los imputados. No se llevaron el dinero público. No se enriquecieron personalmente. Nada que ver con los casos que afectan al PP, en los que el enriquecimiento personal está acreditado. Sostienen que es más dañino que un sistema institucional de robo al erario público. El catolicismo de nuestras izquierdas. El pecado personal de la codicia es el más grave. Las instituciones no pecan. Sin embargo, son las instituciones pecadoras, la corrupción institucional, la que facilitará que los pecados se vuelvan a repetir con independencia de las personas. Ésta es nuestra tragedia. El populismo es, además, sectario. Profundamente sectario.