Se "plebiscita" sobre el Estado de Derecho

Entramos en la semana decisiva. Ya quedan pocos días. Todo depende de los indecisos. De aquellos que, a estas alturas, no saben qué van a votar. En este “plebiscito” impostado e impostor, tendrán que elegir entre independencia o Estado de Derecho. Ya conocen las consecuencias. Lo han dicho todos, en todos los idiomas y de todos los mundos. Los últimos en sumarse han sido los banqueros. A pesar de todo, una mayoría de los catalanes, según una reciente encuesta, sigue creyendo que una Cataluña independiente no saldría de la Unión Europea (un 45 %). ¿Cómo la Unión va a expulsar a una nación tan rica, culta y poderosa como la nuestra? El mesianismo, cultivado por el nacionalismo durante tantos años, sirve de sostén al fanatismo, a la irracionalidad que prefiere creer a los “suyos”, frente a la autoridad de los que tienen el poder para decidir sobre las consecuencias que tendría la secesión unilateral. El que, además, estas opiniones sean sostenidas por personas de alto nivel adquisitivo y formación educativa, desconcierta aún más. No estamos hablando del proletariado deseoso de la justicia social. El nacionalismo catalán es de ricos, para ser aún más ricos, en la creencia de que la secesión no tendría coste alguno. Al contrario, el coste de “ser España” se lo ahorrarían. Los indecisos tienen la oportunidad de mostrar que no han caído vencidos por el discurso oficial de la Arcadia feliz. Y que rechazan las consecuencias, no sólo de la independencia, sino del periodo de incertidumbre del procés.

El día 27 no sólo se “plebiscita” sobre la independencia, sino sobre quién controlará el procés. Si aquél es dudoso, por el empeño en resolverlo con escaños, éste es aún más incierto. Si ganan los independentistas, como alguna encuesta apunta, se iniciará un periodo de inseguridad que, al margen de que se alcance o no la independencia, será destructor para Cataluña y para el resto de España. Una vez iniciado el procés, se adoptarán medidas rupturistas que el Tribunal Constitucional anulará. La respuesta secesionista será la de seguirlas aplicando. El Tribunal ejecutará sus sentencias. Se conminará a las autoridades a hacerlas cumplir. ¿Se desobedecerán? ¿Será necesario que el Gobierno de la nación actúe? ¿Se romperá con el Estado de Derecho? ¿Se llegará al enfrentamiento? Es lo que está buscando, desde el primer momento, el sector más radical de los independentistas. El desafío. Incluso, la violencia. El escenario Kosovo para provocar la intervención internacional. Es la vía a la independencia siguiendo la doctrina del Tribunal Internacional de Justicia (Dictamen sobre la Declaración unilateral de independencia de Kosovo, de 22 de julio de 2010). Todo apunta en esa dirección. La radicalización reduplica las incógnitas. ¿Elegirá Mas transitar por este camino¿ ¿Será capaz de controlarlo? Por mucho que se enmascare de antisistema, no parece que sea su escenario más favorable. Sólo lo es para los más radicales. Cuanto mayor y más grave sea el desplante, mayor será el desplazamiento de Mas y lo que representa. Porque ese enfrentamiento provocará daños reales. No serán hipotéticos, como la segura pero futurible salida de la Unión y del euro. Serán tal reales como el cierre de empresas, de fábricas, la cancelación de inversiones, la huida de bancos y depósitos … Perjuicios reales y concretos a los catalanes. Frente al baño de realidad, ¿qué harán los ricos e intelectuales que apoyan el procés? ¿también la burguesía y los empresarios catalanes que lo han alentado apoyarán la ruptura del Estado de Derecho y el enfrentamiento subsiguiente? Como en todos los procesos históricos, los tibios serán apartados por los resueltos.

El inicio del procés también pondrá a prueba la fortaleza del constitucionalismo en la defensa del imperio de la Ley. Nada en contra de la Ley. Nada al margen de la Ley. No porque ésta sea un desiderátum. No porque la Ley sea expresión de la palabra sagrada de algún dios. No porque sea la palabra revelada e inmutable. Nada de eso. Sino porque no hay democracia al margen de la Ley. La democracia se expresa a través de la Ley. Es el demos, a través de sus representantes, el que da forma a su voluntad a través de la Ley. Si se quiere definir una alternativa para Cataluña, debe serlo conforme a la Ley. Si hay que cambiar la Constitución, que se cambie, pero conforme a la Constitución.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en la Sentencia Texas v. White del año 1869, proclamó, a través del Chief Justice Chase, lo que el Presidente de Estados Unidos, en la reciente visita de los Reyes de España, ha vuelto a repetir. Su firme creencia a favor de la unidad de los Estados democráticos. “La unión de los Estados nunca fue un vínculo puramente artificial y arbitrario. … La Constitución en todas sus disposiciones pretende hacer una unión indestructible compuesta por Estados indestructibles. … Cuando Texas se convirtió en uno de los Estados Unidos, entró en un vínculo indisoluble. La unión entre Texas y los otros Estados fue tan completa, tan perpetua y tan indisoluble como la unión entre los Estados primitivos. No quedó espacio para reconsideraciones o revocaciones, excepto mediante la revolución o el consentimiento de los [otros] Estados.”

Eso lo puede aseverar un Estado sin complejos autoritarios. En cambio, nosotros, acomplejados por el pasado, no nos creemos ni lo que dice el artículo 2 de la Constitución. Algunos están tentados en considerar que la solución para que Cataluña se sienta cómoda es organizando un referéndum. Si así fuese, primero, habría que reformar el artículo 2 y, a continuación, reconocer el derecho a la secesión de una parte. Una vez aprobada, habría que organizar el referéndum. Sin embargo, como se muestra en el caso escocés y quebequés, nada se solucionaría. El referéndum se volvería a celebrar tantas veces como fuese necesario hasta alcanzar el resultado deseado.

La solución no es jurídica. Es política. Cataluña necesita un proyecto ilusionante. Y esto significa que España, la de los ciudadanos, debe tener una mayor presencia en Cataluña. Nada de conllevancia. Nada de indiferencia. La España de todos es, también, la de los catalanes. Y, como tal, participa activamente en lo que sucede en ella. Se debe acabar con el Reino de Taifas nacionalista. La indiferencia, la tolerancia frente a la corrupción o la laminación del pluralismo, como exhiben los nacionalistas sin sonrojo alguno. Se trata de garantizar que todos los españoles somos iguales en derechos y deberes con independencia de nuestro lugar de residencia. Querer a los catalanes es quererlos como ciudadanos españoles, no como ciudadanos del Reino de Taifas nacionalista. El 27-S. no se plebiscita sobre la independencia, sino sobre el Estado democrático de Derecho.

(Expansión, 22/09/2015)