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Golpe de Estado



En los terrenos ignotos en los que nos estamos moviendo, a impulsos del secesionismo en Cataluña, una de las preguntas que se está planteando es la de si estamos ante un golpe de Estado. No es una pregunta baladí. La respuesta a ésta condicionará la reacción, en particular, jurídica.

Desde la clásica y primera construcción de la teoría del golpe de Estado, por parte de Gabriel Naudé (Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado, 1639), hasta reflexiones más modernas como la de Rafael Martínez (2014), pasando por la Rosemary O’Kane (1987), el golpe mantiene una señas de identidad que, en palabras de su inicial teórico, son “acciones osadas y extraordinarias que los príncipes están obligados a realizar en los negocios difíciles y como desesperados, contra el derecho común, sin guardar siquiera ningún procedimiento ni formalidad de justicia, arriesgando el interés particular por el bien público”. Naudé nos habla del golpe del príncipe absoluto para mantenerse en el poder; en el Estado moderno, se produce para arrebatarlo. El procedimiento sigue siendo el mismo: la subyugación de la legalidad en nombre de una causa o razón superior. El uso de la violencia. Y, todo, a lomos de la determinación de un grupo radical y de alta capacidad de disuasión. Así sucedió, como expuso Curzio Malaparte en su clásico Técnicas del golpe de Estado (1931), con los bolcheviques durante la revolución de 1917. Su inferioridad la compensaron con su determinación.

En el caso catalán, no estamos ante golpe de Estado alguno. Ni tampoco ante el intento. Ni ante el comienzo del intento. Se ha presentado una propuesta de resolución del Parlament que insta al futuro Gobierno catalán a iniciar el proceso hacia la independencia y de “desconexión” del Estado español. Una vez la resolución fuera aprobada por el Pleno, comenzaría a tomar forma el reto al Estado de Derecho. Aún así, estamos muy lejos de entender que se está produciendo un golpe de Estado. Muy lejos de las amenazas creíbles, dirigidas a remover de manera efectiva al detentador del poder, el Estado democrático de Derecho.

De que lo hayan soñado algunos, no me cabe duda. El que sean creíbles, lo descarto. Que sea exitoso, imposible. ¿Alguien ha pensado que con la resolución se puede desplazar o comenzar a desplazar el poder del Estado democrático, de modo tal que sus leyes y resoluciones no tengan eficacia en Cataluña? Ese desplazamiento, no sólo no se va a producir, sino que su mero intento no tendrá efecto ni jurídico, ni práctico. Que sea violento o no, dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos. En el estado de crispación fanático en el que se vive en Cataluña, cualquier cosa es posible. Que exista ese grupo violento y con capacidad de liderazgo, es dudoso. Ciertamente, la CUP se le aproxima. La desesperación, ya no de Convergencia, cuanto de su presidente A. Mas, le está reconociendo un papel muy superior al que se desprende de sus votos. Mas no está negociando el procés. Está negociando cómo salvar su imagen auto-construida para la Historia. Esta imagen pesa tanto, que está dispuesto a lo que sea. La CUP lo sabe y aumenta su presión. No tiene nada que perder y mucho que ganar. Tensar tanto que las instituciones catalanas terminarán quebrando, que es lo que pretende. Hacer realidad su desiderátum antisistema, anticapitalista y antidemocrático.

Ni siquiera la CUP, convertida en grupo bolchevique, es capaz de convertir la fantochada que estamos viviendo en un comienzo de inicio de golpe de Estado. Por una razón definitiva: las instituciones del Estado de Derecho funcionan y tienen mucho margen para seguir impidiéndolo. Cuenta con medios ordinarios, extraordinarios y excepcionales. En cuanto a los primeros, el más potente es el recurso al Tribunal Constitucional que ahora cuenta con el poder para adoptar medidas de ejecución forzosa de sus sentencias (artículo 92 de su Ley orgánica). En cuanto a los segundos, tenemos un repertorio de medios que facilitan distintas leyes: entre otras, la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (la cual contempla, incluso en caso de impago a los proveedores, la adopción de medidas coercitivas cuyo incumplimiento permitiría acudir hasta el artículo 155 de la Constitución); la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, y la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional (“Declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional”). Un paso más sería adoptar las medidas que podemos denominar como excepcionales. Las aplicables, cuando los poderes ordinarios no son capaces de reconducir la situación. Aquí nos encontramos con el artículo 155 de la Constitución y con la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio (regulados en la Ley Orgánica 4/1981). El primero, habilita que el Gobierno de la Nación pueda dirigir ordenes e instrucciones de obligado cumplimiento a las autoridades de la Comunidad. Las segundas, en particular, los dos últimos estados, suponen la suspensión de los derechos de los ciudadanos. En este último caso, debería tratarse de una insurrección de masas, y no de la desobediencia de las autoridades. En el extremo, la declaración del estado de sitio provocaría el que una autoridad militar, bajo la dirección del Gobierno, ejecutara las medidas que procediesen (art. 33). La secesión no es un juego. No es ni una pieza de presión en el tablero de la negociación con el Estado. El Estado español no es un Estado débil, ni nuestra democracia es de tercera, ni nuestra sociedad es tercermundista, ni estamos en mitad de la nada geográfica, económica, política y social. Se nos degrada a todos, cuando se afirma que en nuestro Estado democrático de Derecho se está produciendo un golpe de Estado. Estamos ante un intento de subvertir el orden constitucional por una vía ilegal. Ni esto convierte el hecho en un golpe, ni somos víctimas del golpismo. A veces, el empeño en desacreditar a los secesionistas carga el discurso con frases grandilocuentes con las que expresar la gravedad de lo que está sucediendo. El resultado es que se enfanga el escenario del debate político. Se ensucia nuestra realidad institucional y su fortaleza. Al mismo tiempo que se les reconoce a los secesionistas un poder que no tienen. No es lo mismo tratar a los infractores como delincuentes que como golpistas. La reacción de nuestro Estado debe de ser distinta. Tiene un margen y un elenco de instrumentos envidiable que debe administrar con gradualidad y eficacia. Y, sobre todo, cuenta con la fortaleza de nuestra sociedad. Ahora sólo falta que los partidos políticos renuncien al “sólo” excluyente y entren en el “contigo” solidario, frente a aquellos que han lanzado un pulso a nuestra democracia y que saben que lo tienen perdido. Y cada vez más perdido. El peso de la legalidad y de la legitimidad es mucho peso. Mucho. No lo ensuciemos con acusaciones de golpismo que nos rebaja. Nos coloca a su altura.

(Expansión, 03/11/2015)

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