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Mostrando entradas de 2016

Sobre la promoción interna en la función pública y su aplicación a la Universidad

El Estatuto Básico del Empleado Público (Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre ) consagra, entre otros derechos individuales de los empleados públicos, el relativo a "la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación” (art. 14). En el artículo 16 se insiste sobre este particular cuando vuelve a reiterar, en relación con los funcionarios, que tienen derecho a la promoción profesional. Esta se produce en el seno de la carrera profesional entendida como “conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad” (art. 16.2). Las leyes de la función pública, al regular la carrera profesional, deberá, entre otras, contemplar, en los términos del artículo 16.3, la que denomina como “Promoción interna vertical,

¿Qué le pasa a la Universidad?

Las informaciones sobre el masivo plagio atribuido por distintas informaciones (véase las publicadas por El Mundo: aquí  y aquí ) al actual Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, ha vuelto, una vez más, a colocar a la Universidad española en el centro de la polémica. Reconozco que no es un tema que me resulte agradable. Ya he tenido experiencias muy desagradables con la endogamia Universitaria. Sin embargo, no se puede negar lo que resulta escandalosamente evidente: España tiene un problema que se llama Universidad y los principales responsables son, en distinto grado, los universitarios, quienes, utilizando distintas vías, han podido capturar al poder político. Es tradicional, entre nosotros, echar la culpa al vecino de todo lo que sucede y, en última instancia, al poder, al Gobierno, al Estado. En el caso de la Universidad, creo que el problema es justo el contrario: la autonomía universitaria, su interpretación y su práctica; el excesivo poder reconocido a las Universi

La deseable judicialización de la política

Los términos “judicialización de la política” se han convertido en argumento recurrente de los secesionistas. Comienzan afirmando tal judicialización para, a continuación, proclamar la politización de la justicia y terminar pregonando la baja calidad de la democracia española. Éste es el punto de llegada. Aquél, no más que una estación de comienzo. Forma parte de su política de desprestigio con el que sostener su autoritario proceso contrario a Derecho y a la democracia. La presencia, cada vez más relevante, de los jueces en asuntos clave, de mucha significación social, es debida, fundamentalmente, a la considerable expansión de los derechos fundamentales después de la Segunda Guerra Mundial. No sólo la expansión nominal, sino la fáctica. Los Tribunales son los garantes de dicha facticidad. En nuestra Constitución se ha consagrado el derecho a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de cualquier derecho o interés (art. 24). Es la raíz última de la presencia tuteladora de los jueces

Sentimientos catalanes

Cuando el Gobierno de España, en la persona de su Vicepresidente, comienza a dar los primeros pasos de la “nueva” política en relación con el mal llamado problema catalán, se encuentra con dos gestos de una carga, más simbólica que real. Por un lado, directivos de empresas se incorporan al Consejo consultivo de DiploCat, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña y, por otro, la convocatoria, por parte del Presidente de la Generalitat, de una cumbre sobre el referéndum secesionista. El que directivos de empresas se comprometan con las actividades de un organismo entregado, como se puede fácilmente comprobar, a difundir las tesis secesionistas por el mundo, nos muestra, a mi juicio, que algo se debe estar haciendo rematadamente mal para que los empresarios, singularmente de tanta relevancia, no hayan entendido las consecuencias de la secesión de Cataluña. Ya no hay confusión ni ignorancia posibles. Las posiciones de unos y de otros están perfectamente definidas. No hay errores de juic

Emociones y sentimientos (políticos)

La lectura de un libro maravilloso, el de Martha C. Nussbaum ( Emociones políticas. ¿Por qué el amor es importante para la justicia? Ed. Paidós, Barcelona, 2014)  suscita, como una cuestión, aparentemente superficial, la diferencia entre emoción y sentimiento. La autora no se entretiene en este interrogante. Parece entender que son términos sinónimos. No parece que esta confusión sea el fruto de una deficiente traducción. Tanto en castellano como en inglés ( emotion y feeling ), los dos términos están diferenciados. Y, también, con el mismo criterio. Si acudimos al Diccionario de la Lengua Española, emoción es, en su primer significado, "alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática". En cambio, sentimiento es "estado afectivo del ánimo". En ambos casos, hablamos del " ánimo " de una persona. Hablamos de una situación psicológica, definida, según el mismo Diccionario, como "actitud, di

¿Marcan los radicales la reforma constitucional?

Ahora que se cumplen 38 años de una muy joven Constitución, en términos históricos, la reforma se ha colado en el debate político. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta dos cosas, la primera, que se trata de una reforma, no de una revolución y, la segunda, que la condición imprescindible es el acuerdo. Es necesario recalcar que no se trata de hacer una revolución en el edificio constitucional; sólo de mejorarlo. Dos reformas son imprescindibles. La primera, todo aquello que ha quedado desfasado. La parte de la organización territorial es la más necesitada. En sus orígenes, se planteó sobre la base de un derecho, el de la autonomía, que el artículo 2 reconocía a nacionalidades y regiones. Se contemplaba el procedimiento para que alcanzasen la autonomía. Desde el momento en que todas lo han hecho, ya no tienen sentido los preceptos constitucionales que lo regulan. Ya se ha conseguido lo que inicialmente parecía reservado para algunas o, al menos, sólo inicialmente. Hoy, como resulta e

No es la corrupción

El fallecimiento, sorpresivo, de Rita Barberá ha causado un impacto considerable. Hay varios planos de análisis. En el político, se quiere aprovechar para “revisar” la reacción cuando un cargo público es acusado, formalmente, de corrupción. En el mediático, también el tratamiento. Y, en el social, no parece que haya provocado una reconsideración de cómo se debe actuar. Ciertamente, el fallecimiento de la persona merece respeto y suscita afecto hacia la familia. Es un ser humano. Una mínima empatía, nos hace partícipe del dolor y del sufrimiento. Se ha afirmado que la corrupción está en el ser profundo, egoísta, oportunista, de los seres humanos. Esto vendría a explicar que ha convivido con nosotros desde siempre. La corrupción es atemporal, acultural y apolítica. Se ha producido con independencia del tiempo, del lugar y de la configuración política de las naciones. Puede haber diferencias respecto de la intensidad, las características e, incluso, la extensión política y social, pero si

Presupuestos para la reforma de la Administración

“Los Presupuestos Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal”. Es la definición contenida en el artículo 32 de la Ley General Presupuestaria. Ingresos y gastos que, cuando hablamos de las Administraciones, de las entidades que integran el sector público estatal, sólo pensamos en los segundos. Las Administraciones son vistas, usualmente, como fuente de incompetencia, de inoperancia. Cuando al artista cubano Carlos Garaicoa (La Habana, 1967) se le preguntaba, en El Cultural, qué es lo que se tendría que hacer para mejora la situación cultural española responde con un “menos burocracia”. Me he quedado petrificado. Que cubanos consideren que uno de los problemas que acucian a la cultura española sea la burocracia, nos debería hacer pensar. Es la muestra, entre otras, de que ha calado, y muy profundamente, entre

¿Es el federalismo la solución?

El que la demanda secesionista está tensando las costuras de la organización territorial del Estado no es un descubrimiento. Es una obviedad. Y lo es porque, no cabe duda, sus pretensiones no encajan en la Constitución; ni las de considerar que su objetivo secesionista, apoyado o no, por un sector de la población, sea un salvoconducto frente a la Ley. El secesionismo, en su pretensión rupturista, no sólo quiere romper con las reglas de la organización territorial del Estado, sino lo que es, incluso, aún más grave, con las del Estado de Derecho. Se podrá manifestar el número de descontentos que se quiera. Se podrán alegar sedicentes exigencias democráticas. Se podrá apelar al pueblo. Se podrá pretender constituir un hecho desde el que deducir una exigencia jurídica. Se podrá argumentar como si Cataluña ya fuese independiente, de modo y manera que cualquier exigencia “externa” sea reputada como colonial, autoritaria o fascista. Se podrá pretender, alegar o argumentar lo que se quiera, pe

En círculos, como una peonza

Miles de personas se han manifestado en Barcelona contra la Justicia española . “Por la democracia. Defendamos nuestras instituciones”. El eslogan elegido expresa la lógica del secesionismo: la defensa de “nuestras” instituciones como exigencia democrática. El “nuestro” es la clave de bóveda, la que lo explica todo. El “nuestro” mayestático, el del soberano. El “nuestro” del pueblo, el elegido. J. H. Elliot, el hispanista inglés, en una entrevista publicada este fin de semana, exponía que también el catalanismo había cultivado, como otros nacionalismos, la vieja enseña del pueblo elegido. Siendo así que es el pueblo elegido, el adornado por los méritos de la inteligencia, la cultura, el esfuerzo, la riqueza, y otros dones, ¿cómo el Estado decadente español, el de la democracia de pésima categoría o de low cost, puede decirle qué es lo que está bien o mal? ¿Cómo la justicia de ese Estado puede “perseguir” a los representantes de “nuestras” instituciones? En la lógica del pueblo elegid

Frente al descontento, regeneración

Uno de los pactos de Estado imprescindibles es el denominado, genéricamente, como el de la regeneración. Regenerar al régimen político, al Estado democrático de Derecho constituido por la Constitución española, para, parafraseando el significado incluido en el Diccionario de la Lengua Española, darle nuevo ser, restablecerlo o mejorarlo. Si es necesario es porque sufre problemas, amenazas o quiebras. En definitiva, soporta una crisis que es conveniente solucionar para que siga prestando la función que justifica su existencia. La crisis del Estado tiene varios frentes. El más importante es el de la legitimidad. Esa delicada flor que lleva a los ciudadanos a aceptar el poder, a obedecer. Y así lo hacen, porque creen que las instituciones atienden sus necesidades mediante la representación que los partidos, investidos de distintas ideologías, obtienen en la competencia electoral. La crisis de la legitimidad viene por esta vía, la de los partidos y, sobre todo, la de las ideologías que los

¿Qué son las instituciones?

Ralf Dahrendorf, en su libro Ley y orden (Cuadernos Cívitas, Madrid, 1998) se interroga sobre ¿Qué son las instituciones? Una reflexión importante en el contexto del "liberalismo institucional" que postula.  Es un término confuso. En su significado más prístino, el que, por ejemplo, recoge el Diccionario de la Lengua Española, institución es un establecimiento, una fundación, un organismo, una organización, … Tiene un significado organizativo. Institución y organización se confunden. Así, cuando hablamos de instituciones públicas, nos referimos a los organismos que forman parte del Estado. En la Constitución, por ejemplo, se hace uso de este significado para referirse al Defensor del pueblo (art. 54), las organizaciones o instituciones internacionales (art. 93) y al jurado (art. 125). En el ámbito del Derecho administrativo, se habla de la “Administración institucional” o “sector público institucional” (Ley 40/2015).  En el ámbito de la sociología y de la politología e

Reordenación ministerial desde París

Nuevo Gobierno. Después de casi un año, nuevo Gobierno del antiguo Gobierno. Pocas novedades. La única significativa es la creación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En el Real Decreto de reestructuración se detalla que le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de energía, turismo, telecomunicaciones y sociedad de la información, así como el desarrollo de la agenda digital. Si la organización es la plasmación de una política, el nuevo-antiguo Gobierno muestra que es aún más antiguo. Mucho. Todo esto, el mismo día en el que entraba en vigor el Protocolo de París del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La coincidencia no puede ser más nefasta. Ensalzado como un acuerdo histórico, es más una pieza simbólica que una norma jurídica. Es una muestra del denominado soft law. Un objetivo genérico de limitar el calentamiento mundial a mucho menos de 2º C por encima de los niveles preindustriales y proseguir los

Espectáculo y payasada

La sesión de investidura se convirtió en un espectáculo. ¿Es lícito convertir el Congreso en un escenario del espectáculo de la política? ¿Es recomendable convertir la política en espectáculo? El término espectáculo tiene cuatro significados en el Diccionario de la Lengua española. Van desde una actividad a desarrollar en cierto lugar hasta un contenido, y siempre alrededor de la exposición pública de algo, con el objetivo de suscitar una reacción en el público asistente. Supone, bien sea una función o diversión pública, o bien cualquier cosa que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual, la capacidad de atraer la atención y mover el ánimo infundiendo deleite, asombro, dolor u otros afectos más o menos vivos o nobles. La política no se ha convertido en espectáculo. Siempre lo ha sido; siempre ha disfrutado, tanto como función o como exposición pública, de la capacidad, obediente a cierto ánimo, de atraer la atención y promover la reacción de los espectadores: los ciudadanos

El milagro de la independencia

El Tribunal de Justicia de la Unión, en la Sentencia de 19 de octubre de 2016 (asunto C-424/15; Ormaetxea), se ha pronunciado sobre la independencia de nuestros reguladores. El caso es conocido. El Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal para que se pronunciase sobre la conformidad con el Derecho de la Unión, de la reforma institucional que había creado una única autoridad regulatoria multisectorial (la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia), suprimiendo los reguladores sectoriales, entre ellos, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y el cese del Presidente y de uno de los consejeros de la Comisión, no ajustado a las causas tasadas establecidas en la Ley. El Tribunal resuelve que, sobre la primera cuestión, no hay contravención al Derecho de la Unión, mas sí la hay respecto de la segunda. Forma parte de la autonomía de los Estados crear autoridades multisectoriales de regulación. La única exigencia: “siempre que, …, ese organismo

Confianza y su cadena

Confianza es la palabra de moda. Confianza en Puigdemont; así como la ausencia de confianza en Sánchez y, en su momento, en Rajoy. Confianza es un sentimiento cuyas virtudes políticas han sido estudiadas por F. Fukuyama. Es como el aceite en las relaciones humanas; elimina las fricciones; crea una textura que hace que fluyan con naturalidad, con facilidad. Se afirma que es la base del poder. El gobernante necesita de la confianza de los ciudadanos. Es el término utilizado en nuestras normas políticas centrales (Constitución, Estatutos de Autonomías, legislación electoral) para referirse a la expresión de asentimiento del Congreso de los Diputados (u órgano equivalente en el ámbito autonómico y local) respecto de cierto candidato, a ocupar la más alta magistratura del poder ejecutivo (verbigracia, Presidente del Gobierno). Un sentimiento que se otorga tanto como que se retira, según regula el Reglamento del Congreso. Es elocuente que, cuando se trata de ciertos cargos unipersonales y de

¿A quién le importa la corrupción?

El interrogatorio de F. Correa en el juicio de la trama Gürtel está resultando un espectáculo, y digo bien, un espectáculo terrible. La tranquilidad con la que se desgranan los acontecimientos. La confesión de la manipulación de la adjudicación de contratos de unas y otras Administraciones. La salpicadura a los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente. La misma expresión utilizada por el inculpado: “Los contratos que yo daba”. La frase que lo sintetiza todo. La frase de la infamia. La confesión más gráfica de lo que Correa hacía en las Administraciones. La Fiscal Concepción Sabadell, una de las fiscales del caso que ha dirigido el interrogatorio, con serenidad, pero con conocimiento, dando muestras de buen hacer, rápida, ante tamaño disparate, le preguntó si era funcionario o autoridad pública para adjudicar contratos. El interfecto, rectificó. Se refería a los contratos que “había gestionado”. El “yo profundo” de la corrupción. El “yo” de la adjudicación de los contratos, a cambio