La pasada semana la CNMC ha abierto un registro de “grupos de intereses”. Creado por Resolución del Presidente de dicha Comisión de 26 de febrero, tiene como finalidad introducir transparencia en relación con todos aquellos que quieren influir en la Comisión en el ejercicio de sus funciones. Aunque el “interesamiento” de estos grupos responde al legítimo derecho a la participación en los asuntos públicos, también tiene una vertiente negativa que no se puede ocultar: poner al servicio del interés privado la función pública. Usualmente entendemos que nos encontramos, en estos casos, ante la corrupción; si, además, hay una contrapartida que puede ser tanto el pago como unos beneficios, o, incluso, una expectativa de trabajo, bien remunerado, en el sector privado: las controvertidas puertas giratorias. Es la “mercantilización” del poder público. Tiene valor: alguien está preparado a comprarlo porque otro, la autoridad, está dispuesta a venderlo. Una manera de evitar, no sólo la corrupción, sino, con carácter general, la contaminación de intereses o la puesta al servicio del interés privado de la función pública, es introduciendo transparencia. Como decía Louis D. Brandeis, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos a principios del siglo XX, “la luz del sol es el mejor de los desinfectantes”. Arrojar luz sobre la gestión pública contribuye a alejar el contagio.
La teoría es muy certera. El problema es el cómo se hace realidad. El demonio está en los detalles. En primer lugar, no es un antídoto seguro sino, incluso, en muchos casos, ineficaz. La influencia ilícita siempre encontrará vías para canalizarse. En segundo lugar, no servirá para nada si el contexto institucional no empuja a favor ni de la transparencia ni de la exigencia de las consecuencias, en particular, penales, derivadas de la información transparentada. La transparencia es un esfuerzo cotidiano, tanto para aquellos que quieren facilitar la información, como de los que de ella se pueden servir para desplegar el control del poder. Y, en tercer lugar, el clima de impunidad o tolerancia desmonta cualquier mecanismo de control. Es elocuente el que la valoración de la gravedad de la corrupción, como pone de manifiesto las encuestas del CIS, se ve afectada por el sentido del voto. La corrupción de los “nuestros” no es corrupción; es como un coste; es la condición humana. La de los otros, el latrocino más miserable y mezquino. El sectarismo también hace estrago en la lucha contra la corrupción.
La CNMC nos anuncia un registro cuya característica más sobresaliente es que es voluntario. Los que quieran inscribirse, llevados por su afán de servicio al interés público, a la transparencia y a la ética, bienvenidos sean. Los beneficios que obtendrán, como se nos anuncia, son, en definitiva, poder presumir de que están inscritos. Y poco más. Nos puede parecer poco importante. Y, probablemente, será la causa de su fracaso. No es extraño que la regulación de los lobbies se asiente sobre la voluntariedad. Tampoco lo es que sólo aflore una pequeña porción de este sector. Su tendencia natural es a la discreción. Salvo las organizaciones como colegios profesionales, sindicatos y asociaciones empresariales, todos los demás, en particular, aquellos que tienen como objeto exclusivo este tipo de actividad, no tienen un especial incentivo para vencer su inclinación natural.
La obligatoriedad del registro es el paso imprescindible. Así lo ha entendido la Comisión Europea en la propuesta que ha presentado a consultas el pasado día 1 de marzo. Y su lógica consecuencia: las autoridades sólo se podrán relacionar con los inscritos. En el acuerdo interinstitucional que tiene previsto presentar, se consignará este requisito. La transparencia, no es sólo una obligación de resultado, sino también, y fundamentalmente, de medio: la de transparentar. A tal fin, todas las reuniones serán conocidas y los que participen, serán también identificados. El instrumento, para hacerlo posible, será el registro obligatorio en el que quedarían consignados los intereses a los que sirven, los representados, los presupuestos, los objetivos, las personas, etc.
Estamos ante un modestísimo primer paso. La comparación entre el Acuerdo interinstitucional de 2014 que regula la transparencia en el ámbito europeo y la resolución de la presidencia de la CNMC da buena cuenta de las sustanciales diferencias y lo que todavía queda por recorrer para alcanzar, incluso, aquello que va a ser cambiado antes del año 2017. Entre nosotros se ha alentado una suerte de cultura de la participación, precisamente, cuando no la había. Una Administración férreamente enclaustrada para preservar el interés general, porque se entendía que éste era como una iluminación del Espíritu Santo en la mente de los tecnócratas. Cualquier contacto con la realidad distraía y contaminaba esta revelación. Se ha querido pasar a la Administración abierta, y aún sin conseguir este desiderátum, se toma conciencia, por influencia de la Unión, de que tanta participación y apertura, puede ser el caldo de cultivo propiciatorio de los lobbies y la contaminación de los intereses. Se ha de controlar. Registros, inscripción obligatoria y consulta limitadas a los inscritos. El Espíritu Santo o está inscrito o no tiene posibilidades de influir. Otra cosa son los poderosos. Estos siempre encontrarán vías para hacer llegar sus tentaciones.
(Expansión, 08/03/2016)
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