La corrupción es, según el Diccionario de la Lengua Española, la práctica consistente en la utilización, en las organizaciones, especialmente en las públicas, de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. La característica central de la corrupción, el aprovechamiento por los gestores, encajaría, en términos jurídicos, en el delito de malversación de caudales públicos. El Auto del Magistrado Martín Gómez, en el asunto de los ERE de Andalucía, lo ha recordado. En este delito hay un “ánimo de sustraer” o “consentir que otro sustraiga” los caudales públicos. Concurre en la mayor parte de los investigados.
Una vez más, los hechos encajan torpemente dentro de los límites del Derecho. El delito está pensando en el funcionario que roba el dinero público. Sería el supuesto más básico, más burdo. Lo que describe el Auto es otra cosa. Hay varios datos que nos colocan en otra dimensión: la duración (más de diez años), la cantidad (al menos, 855 millones) y los beneficiados (más de 6.000 trabajadores y más de 260 empresas). Es anecdótico el papel de los 70 intrusos (196, según el cálculo de la Junta), aquellos que, en palabras de la Magistrada Alaya, eran los “beneficiarios de pólizas de rentas derivadas de procedimientos de reestructuración de empresas y cuyas primas han sido abonadas con cargo a los fondos públicos andaluces". Así, para “beneficiar” a 6.000 trabajadores, incluidos los intrusos, y a 260 empresas ¿se organizó un “procedimiento específico” que movilizó el Gobierno de Andalucía, desde su Presidente, hasta los últimos niveles directivos (Directores Generales), el Parlamento y demás instituciones, durante, al menos 10 años? Algo no encaja. ¿Eran realmente importantes los beneficiados? No lo parece.
El relato de los hechos pone de manifiesto varias cosas, la cuales, nos comienzan a ofrecer un indicio. El Magistrado se interroga, precisamente, para ajustar los hechos, en las estrechas fronteras del tipo delictivo: si había voluntariedad; en concreto, si las “deficiencias” del procedimiento utilizado para la adjudicación de ayudas y subvenciones eran “buscadas” o “asumidas”. En otros términos, si eran queridos los “defectos” que consistían en: 1º elusión de la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta de Andalucía; 2º incompetencia de la autoridad que concedía la subvención; 3º ausencia de bases reguladoras, así como de convocatoria pública; 4º falta de control del cumplimiento por el solicitante, de los requisitos para disfrutar de la ayuda; 5º infracción de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación; 6º ausencia de un control posterior del destino dado a la subvención; 7º asunción por parte de la Administración de obligaciones financieras por encima de lo legalmente previsto. Podría suceder, se pregunta el Magistrado, que tales defectos no fueran queridos. La respuesta es evidente: lo fueron; fueron buscados. Así concluye sobre la base de indicios sobresalientes (duración, conocimiento, advertencias, comportamientos, …). Los investigados (antiguos imputados) crearon y gestionaron un “procedimiento específico” para manejar a su antojo, al menos, más de 850 millones de euros, durante 10 años.
Estamos hablando de una pieza menor, sí, menor, dentro de un entramado mayor. No tiene sentido. Todo un montaje de tanta importancia para que, al final, los beneficiados sean pocos y tan secundarios. La impresión que uno extrae es que no estamos ante un “procedimiento” corrupto, sino ante un sistema corrupto. Una pieza dentro de un puzle mayor. Una pieza, incluso, pequeña. Unos actores secundarios pero capaces de movilizar todo el aparato de poder, desde el Gobierno a la Administración, sin olvidar al Parlamento, durando tanto tiempo y, sobre todo, incurriendo en ilegalidades groseras. Insiste el Magistrado que todos estaban suficientemente informados de las irregularidades. Y adoptaron dos estrategias: cambiar el “procedimiento” y mirar hacia otro lado. En el fondo, los mecanismos de control funcionaron. Ya en el año 2005, “sólo” cinco años después, se encendieron las alarmas, con informes de la Intervención de la Junta de Andalucía. Nada se hizo. No se activó dispositivo alguno para “parar” el latrocinio. Se continuó. Y así habrían continuado si no hubiesen comenzando las actuaciones judiciales en el año 2011. Ciertamente, el que todavía queden años hasta que se dicte sentencia, vuelve a poner de manifiesto cómo las alarmas funcionan, pero el castigo llegará tarde y, probablemente, será insuficiente para las expectativas ciudadanas.
El relato del Auto es más el de una pieza menor dentro de un “sistema” mayor. Un sistema corrupto, en el que lo de menos es que se favorezca a actores secundarios. Lo más importante es demostrar la capacidad para beneficiar al que se quiera, cómo se quiera y cuánto se quiera. Y cuanto más irracional, mejor. Demostrar que el dinero público es de todos, no es de nadie, por lo tanto, es mío. Es conocida la anécdota apócrifa en la que el Director General de Trabajo de aquellas fechas, Guerrero, uno de los “pagadores”, fue inquirido por uno de los posibles beneficiarios sobre el fondo que iba a pagarle, si los europeos FEDER, FSE, de Cohesión, … y cuya respuesta fue la que da sentido a todo el sistema: “POR-MIS”. El atributo de la masculinidad como única explicación. Porque así se quiere; porque es el poder, el arbitrio, la discrecionalidad. Es como repartir caramelos en la cabalgata de Reyes. No es necesario explicar el porqué se beneficia a unos y no a otros. Lo importante es crear un sistema en el que, a través de distintos “procedimientos específicos”, se riega con dinero público al mayor número posible de favorecidos. Es secundario si, como efecto colateral, se enriquecen los dirigentes. Es indiferente qué personas concretas se benefician. Tendencialmente, debería ser el mayor número posible, incluso, todos. La “fuente” es el poder, el más arbitrario posible, para que no quede duda alguna de a quién se le debe agradecimiento. Es un paso más allá del sistema clientelar. No se trata de contentar a los clientes, quienes podrían pasarse a la “competencia”, sino de hacerlos dependientes, no al dinero público, sino a la arbitrariedad del poder. El dinero público es como la droga; pero la dependencia lo es a aquel que lo administra arbitrariamente, el “dealer”. El objetivo último era crear un sistema de patronazgo o mecenazgo social. Es indiferente quiénes son los concretos favorecidos. Y cuanto más generoso, más arbitrario, mayor dependencia. El Auto nos habla de una pieza menor de un “sistema institucionalizado de dependencia social”. Ésta es la tragedia.
(Expansión, 08/06/2016)
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