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No basta con conferenciar


Nuestra organización territorial del Estado tiene una peculiaridad sobresaliente: no está completamente regulada en la Constitución. En puridad, como ha sido destacado por todos los autores, es más una norma que establece el procedimiento para su puesta en pie por la vía del ejercicio del derecho a la autonomía y su concreción en el correspondiente Estatuto. Uno de los aspectos que, en tal casa proyectada, queda por regular, es el de la cooperación. Hace 40 años, lo importante era descentralizar; hoy, al contrario, es el cómo se asocia el Estado con los sujetos descentralizados para satisfacer objetivos comunes.

Una de las más grandes paradojas de nuestra organización territorial es que, habiéndose la Constitución olvidado de la unidad funcional, es profundamente cooperativa. El reparto competencial la hace materialmente imprescindible. Así se pone de manifiesto en dos ámbitos críticos. Por un lado, en el de las funciones ejecutivas. Está ampliamente consolida la cooperación entre Administraciones mediante las denominadas Conferencias sectoriales. Y, por otro, en el de la financiación. En este momento, la Administración General del Estado financia, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, a las Comunidades ante la imposibilidad de que puedan hacerlo acudiendo al mercado.

En cambio, es inexistente la cooperación en el ámbito legislativo. No es una exageración afirmar que el Senado no funciona. Su naturaleza de segunda cámara de revisión, pero con un poder limitado, y el sistema de elección de los senadores (por sufragio universal en las circunscripciones provinciales), han impedido que sea una cámara de representación territorial. Se ha convertido en un “cementerio de elefantes” en el que los partidos alojan a sus antiguos altos cargos para que disfruten de una jubilación dorada. No sirve para nada y aún menos, para lo que debería servir.

Se hace imprescindible establecer el marco institucional de la cooperación interterritorial. Hay que partir del reconocimiento de lo escandalosamente evidente: el grado de descentralización alcanzado entre nosotros nos coloca entre los Estados federales más avanzados; con sus imperfecciones, pero es una realidad. En segundo lugar, en un contexto político que tiene dos señas de identidad, la globalización y la integración europea, la cooperación es esencial no sólo para hacer realidad el principio fundamental de la unidad de la nación española, sino la coordinación de fuerzas para afrontar retos que superan el ámbito territorial autonómico e, incluso, el nacional. En tercer lugar, esta cooperación debe articularse tanto en el legislativo como en el ejecutivo. En este último, deben mejorarse los mecanismos existentes. Sin embargo, en el legislativo no los hay. Las Comunidades deberían poder participar, mediante representantes cualificados, en la aprobación de la legislación del Estado que más directamente les afecte, así como en las decisiones relativas a la Unión Europea. Y, en cuarto lugar, la cooperación es imprescindible porque el reparto del poder entre el Estado y las Comunidades exige, para que uno y otro puedan hacer realidad sus objetivos en el ámbito competencial que le corresponde, la negociación y el acuerdo. Así ha quedado claro, por ejemplo, en relación con la Educación.

La Conferencia de Presidentes que se reúne hoy es otro ámbito de cooperación. El problema, y grave, a mi juicio, que suscita es el de que se le pide que haga algo que no puede hacer: no puede compensar que no haya unos órganos y unos procedimientos que urdan, en todos los ámbitos funcionales y en relación con todos los asuntos, la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Es un órgano político, más de colaboración, de expresión de buenas intenciones. Y como no lo puede hacer, suscitará frustración. Se espera que tome decisiones, pero sólo serán las de naturaleza política que, con ser importantes, no solucionan problemas; marca orientaciones, expresará deseos, o, como decía Napoleón, cuando no se quiere solucionar los problemas, nombra una comisión de expertos. Se proyectará en los ciudadanos, una vez más, la impresión de que los políticos se reúnen para dar la imagen de compromiso, cuando muestran, en realidad, la incapacidad para solucionar los problemas comunes. Y algunos, incluso, alertarán de que la reunión sólo ha servido para hacerse la foto.

La contrariedad no radica en que los políticos se reúnan para hacer política. El problema es cuando sólo hacen política porque no hay otras posibilidades que supongan tomar decisiones de manera compartida que afecten a la vida de los ciudadanos. Y no las hay porque, nuestra organización territorial, no está terminada. La Constitución ha regulado el camino, pero no el lugar de llegada. Casi 40 años después, la España de los territorios sigue siendo una realidad imaginada. Que los nacionalistas se quieran aprovechar de este agujero de nuestro marco institucional para colar su proyecto secesionistas es, hasta cierto punto, lógico. Como oportunistas de la desgracia de España, se han aprovechado de este defecto de nuestra Constitución. Cuando ni la buena fe ni la lealtad son capaces de reconducir la situación que, al menos, el Derecho se imponga a la sinrazón. Sin embargo, necesitamos un marco completo, real y efectivo de cooperación entre todas las partes que componen la riqueza territorial de España. No basta proclamar la unidad, hay que hacerla y, además, en todos los ámbitos de poder.

(Expansión, 17/01/2017)

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