Un nuevo episodio. La Justicia ha pasado a ocupar un lugar central en nuestro régimen político. De acuerdo con las coordenadas institucionales del Estado de Derecho, un poder judicial independiente y sometido en exclusiva al imperio de la Ley, como dispone el artículo 117 de la Constitución, tiene como tarea la garantía de la legalidad. Un papel importante, pero, en términos políticos, secundario. Sin embargo, en los últimos tiempos, se están produciendo dos circunstancias no menores. Por un lado, la relevancia de los asuntos; su transcendencia social, política y económica, coloca la controversia en el centro del escenario, por lo que la resolución judicial reviste una singular relevancia. Y, por otro, los jueces están demostrando su capacidad para decidir de manera independiente, cruzando fronteras que antes se mantenían ignotas. Así, por ejemplo, en los casos relativos a la banca. La sucesión de sentencias adversas en relación con las hipotecas y otras prácticas bancarias, está colocando al sistema financiero contra las cuerdas. El riesgo es el de que se vuelva a cumplir la ley de Bachelard sobre la bipolaridad de los errores: los abusos de la banca están alimentando los excesos contra la banca, hasta que se termine llegando a un punto de equilibrio.
En este contexto, se insertan las últimas resoluciones judiciales. No sólo el auto de la sección tercera de la Audiencia Nacional que ha ordenado que se cite a declarar como investigados a los responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con la constitución y posterior salida a bolsa de BFA-Bankia. Sólo en los últimos días, también encontramos otras actuaciones judiciales igualmente relevantes: la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana del pasado viernes que impone penas de hasta 13 años a los distintos responsables de la denominada trama valenciana de la Gürtel; el mismo viernes, quedó visto para Sentencia la causa contra Mas, Rigau y Ortega por los delitos de desobediencia grave y prevaricación en relación con la consulta secesionista del 9 N; este lunes, el Juez Central de Instrucción 6, de la Audiencia Nacional, dictaba un auto por el que se daba traslado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia de las actuaciones contra, entre otros, el Presidente de Murcia, por entender que hay indicios de la comisión de varios delitos, entre ellos, de prevaricación, en un contexto más amplio de corrupción; también en el día de ayer, la antigua Ministra de Sanidad comparecía como acusada en la causa que se ventila por otra trama de corrupción. Y suma y sigue. Un sinfín. Si son los jueces, o los asuntos que conocen, o ambos, es evidente que los jueces están asumiendo sus responsabilidades sin miramiento respecto de quiénes son los encausados, imputados o investigados.
Ahora le corresponde a la cúpula del Banco de España y de la CNMV en relación con el asunto Bankia. Según la Sala, es oportuno llamarles a declarar, en calidad de imputados, porque existen elementos de juicio, derivados, en particular, de los correos electrónicos de los técnicos del Banco de España, sobre la comisión de eventuales delitos, derivados de la autorización de la salida a Bolsa, “pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del BdE de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)”. En consecuencia, la Sala considera “razonable” y “razonada” la investigación contra los altos cargos, porque existen en el procedimiento indicios “múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados”.
En este caso, se combinan tanto las eventuales derivadas jurídicas con las repercusiones de todo tipo del caso Bankia. Los jueces no son autómatas. No deciden, en el aislamiento monástico y a la espera de la señal del Espíritu Santo. Son personas que no pueden cerrar los ojos a las preocupaciones de la sociedad a la que, en última instancia, han de servir por la mediación de la Ley. Cuando las instituciones democráticas han sido incapaces de depurar las responsabilidades políticas, su fracaso alienta otras formas de depuración. A enero de este año, se sigue sin constituir en el Congreso una comisión parlamentaria de investigación del saqueo de las cajas de ahorro por el bloqueo de los dos partidos mayoritarios. Todo sistema social, como cualquier otro sistema “vivo”, precisa de la depuración. Es una función quintaesencial para su resiliencia. O la haces, o te la hacen. Si los políticos no quieren, sólo queda la depuración judicial. Los jueces no pueden cerrar los ojos ante la cerrazón de los políticos. No hay zonas de inmunidad porque corroe la estabilidad del sistema.
No sabemos en qué quedará, si, efectivamente, prospera la imposición de un castigo contra las conductas indiciariamente delictivas de los llamados por el auto que hoy hemos conocido, pero no hay duda de que forma parte del necesario proceso de purga de un hecho que tanta frustración y dolor ha causado a todos. No es razonable esperar que la crisis y sus distintas vertientes sólo tengan una derivada personal. También las instituciones tienen que asumir sus responsabilidades. Es la única manera de que el régimen político aprenda. Sabemos que se volverá a repetir, es una cuestión de tiempo, pero que, al menos, quede constancia de que habrá castigo.
En este contexto, se insertan las últimas resoluciones judiciales. No sólo el auto de la sección tercera de la Audiencia Nacional que ha ordenado que se cite a declarar como investigados a los responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con la constitución y posterior salida a bolsa de BFA-Bankia. Sólo en los últimos días, también encontramos otras actuaciones judiciales igualmente relevantes: la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana del pasado viernes que impone penas de hasta 13 años a los distintos responsables de la denominada trama valenciana de la Gürtel; el mismo viernes, quedó visto para Sentencia la causa contra Mas, Rigau y Ortega por los delitos de desobediencia grave y prevaricación en relación con la consulta secesionista del 9 N; este lunes, el Juez Central de Instrucción 6, de la Audiencia Nacional, dictaba un auto por el que se daba traslado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia de las actuaciones contra, entre otros, el Presidente de Murcia, por entender que hay indicios de la comisión de varios delitos, entre ellos, de prevaricación, en un contexto más amplio de corrupción; también en el día de ayer, la antigua Ministra de Sanidad comparecía como acusada en la causa que se ventila por otra trama de corrupción. Y suma y sigue. Un sinfín. Si son los jueces, o los asuntos que conocen, o ambos, es evidente que los jueces están asumiendo sus responsabilidades sin miramiento respecto de quiénes son los encausados, imputados o investigados.
Ahora le corresponde a la cúpula del Banco de España y de la CNMV en relación con el asunto Bankia. Según la Sala, es oportuno llamarles a declarar, en calidad de imputados, porque existen elementos de juicio, derivados, en particular, de los correos electrónicos de los técnicos del Banco de España, sobre la comisión de eventuales delitos, derivados de la autorización de la salida a Bolsa, “pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del BdE de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)”. En consecuencia, la Sala considera “razonable” y “razonada” la investigación contra los altos cargos, porque existen en el procedimiento indicios “múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados”.
En este caso, se combinan tanto las eventuales derivadas jurídicas con las repercusiones de todo tipo del caso Bankia. Los jueces no son autómatas. No deciden, en el aislamiento monástico y a la espera de la señal del Espíritu Santo. Son personas que no pueden cerrar los ojos a las preocupaciones de la sociedad a la que, en última instancia, han de servir por la mediación de la Ley. Cuando las instituciones democráticas han sido incapaces de depurar las responsabilidades políticas, su fracaso alienta otras formas de depuración. A enero de este año, se sigue sin constituir en el Congreso una comisión parlamentaria de investigación del saqueo de las cajas de ahorro por el bloqueo de los dos partidos mayoritarios. Todo sistema social, como cualquier otro sistema “vivo”, precisa de la depuración. Es una función quintaesencial para su resiliencia. O la haces, o te la hacen. Si los políticos no quieren, sólo queda la depuración judicial. Los jueces no pueden cerrar los ojos ante la cerrazón de los políticos. No hay zonas de inmunidad porque corroe la estabilidad del sistema.
No sabemos en qué quedará, si, efectivamente, prospera la imposición de un castigo contra las conductas indiciariamente delictivas de los llamados por el auto que hoy hemos conocido, pero no hay duda de que forma parte del necesario proceso de purga de un hecho que tanta frustración y dolor ha causado a todos. No es razonable esperar que la crisis y sus distintas vertientes sólo tengan una derivada personal. También las instituciones tienen que asumir sus responsabilidades. Es la única manera de que el régimen político aprenda. Sabemos que se volverá a repetir, es una cuestión de tiempo, pero que, al menos, quede constancia de que habrá castigo.
(Expansión, 14/02/2017)
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