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La corrupción escapa: el caso Nóos

La Sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Baleares en el conocido caso Nóos encierra, en sus 742 páginas, el relato de un vulgar caso de corrupción. Se ha querido convertir en un asunto contra la Monarquía cuando es, simple y llanamente, uno más de corrupción administrativa. Incluso, de los menos graves, si tenemos en cuenta el importe económico. La vulgaridad se muestra, no sólo en cómo se articuló, sino también, en el cómo se ha conseguido evitar la pena. Me interesa esta vertiente porque, lamentablemente, sigue estando presente en el actuar de las Administraciones. Desde las páginas 573 a la 648, el Tribunal se entretiene en ventilar la conocida como vertientes valenciana y madrileña. Se refieren, en síntesis, a los contratos que el Instituto Nóos suscribió en Valencia y en Madrid para el desarrollo de ciertas actividades. En Valencia, el Instituto Nóos suscribió un contrato (convenio de colaboración) con la empresa pública Ciutat de les Arts i les Ciències, S.A.(CACSA), dependiente de la Generalitat Valenciana, y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), del Ayuntamiento de Valencia, para la organización de unos eventos relacionados con el turismo y el deporte (“Valencia Summit”). A su vez, en Madrid, con la Fundación Madrid 16, del Ayuntamiento de Madrid, para establecer contactos a altísimo nivel (“por su vinculación con la Casa Real”) en favor de la candidatura olímpica de Madrid.

El Tribunal resuelve con la absolución de los implicados. Entendió que no había delito de prevaricación. La cuestión central fue si los contratos subscritos por Nóos con las empresas o las fundaciones públicas indicadas, estaban o no sujetos a la legislación de contratos del sector público. Si la respuesta fuese positiva, la contratación se hizo sin respetar dicha legalidad, por lo que, los responsables, habrían incurrido en delito. En caso contrario, sería la absolución, como así lo entendió el Tribunal.

En primer lugar, no parece sensato el que una Administración se dote de este tipo de entidades, que son las propias de los particulares, para la gestión de asuntos que son de naturaleza pública. El mismo Tribunal vierte una crítica velada a que un Ayuntamiento opte por la externalización en un ámbito competencial destacado, como el turismo (pág. 609). Si las Administraciones utilizan estas fórmulas es para escapar de los controles de la legislación administrativa, someterse al Derecho privado, disfrutar de la libertad que éste permite, gestionar los recursos públicos a su antojo y, por último, reducir el riesgo del castigo penal por tal albedrío, siempre oneroso a los intereses públicos y, usualmente, corrupto. Bajo la pulsión escapatoria, las Administraciones pretenden manejar los recursos públicos, como en el caso Nóos, a su capricho.

En segundo lugar, participo de la perplejidad con la que la Sala intenta desentrañar si la empresa pública y las fundaciones estaban o no sometidas a la legislación de contratos. En éste y en otros puntos, es de extraordinaria confusión, de la que cae presa el propio Tribunal cuando se enreda con la naturaleza de las entidades, máxime si se comparan con sus homólogas baleares: mezcla el término material (“entidad pública” o de las Administraciones públicas) con el formal (naturaleza jurídica de la personalidad) cuando analiza los artículos 1 y 2 de la Ley. A la conclusión a la que llega, en el caso de CACSA, es la de que sí lo estaba, pero no, así, el contrato que celebró con Nóos. En cambio, las fundaciones (FTVCB y la Fundación Madrid 16) no quedaban sometidas a la ley. En todo caso, como bien expone el Tribunal, estas dudas interpretativas derivadas de la falta de claridad de la norma, impiden que se pueda apreciar la existencia del delito de prevaricación.

Los cambios normativos introducidos con posterioridad han pretendido cerrar estas puertas, pero hay que dar un paso más. No es posible que nadie que maneje recursos públicos, se atrinchere bajo unos u otros ropajes, y aún menos de Derecho privado, el de la libertad, para administrarlos arbitrariamente. Todos deben estar sometidos a las mismas reglas, a los mismos controles. Sin embargo, también nos debemos preocupar por el funcionamiento eficiente del mercado de la contratación pública. Un mercado que mueve en nuestro país casi 200.000 millones de euros anuales no puede ofrecer tantas posibilidades y tan burdas para escapar de la competencia. El caso Nóos nos muestra que el subterfugio de la personalidad no puede ser la excusa para que los políticos escapen de los controles, precisamente, para eliminar la competencia, contratar con los amigos, los conocidos o los “donantes”. En un contexto de mercado, estoy seguro de que no habría caso. Y los enemigos de la Corona no habrían tenido excusa para atacarla tan injustamente.

(Expansión, 21/02/2017)

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