Según el último barómetro del CIS, sólo el 2,3 por 100 de los encuestados considera que el nacionalismo (el estatuto de Cataluña, el independentismo y otros) es uno de los grandes problemas de España. Es un asunto sólo ligeramente superior a la crisis de los valores (2 por 100) y a las cuestiones relacionados con la juventud (2,2 por 100). En los últimos tiempos, el cénit de preocupación se alcanzó en noviembre de 2015 cuando se aprobó la resolución independentista en el Parlament de Cataluña (5 por 100). La distancia entre el adentro y el afuera, como diría Espinete, es brutal. La visión interna, coloca la cuestión catalana, como se la denomina vulgarmente, en la único relevante. Todo se agota en la secesión. Es el éxito político del nacionalismo: ha conseguido reducir el ámbito de la política a la secesión. Todo gira a su alrededor, tanto a favor como en contra. Es la palabra mágica. Hoy, en la política catalana, el eje de confrontación está delimitado por la independencia.
En cambio, la visión desde fuera, es la de indiferencia. No preocupa. Hay otro asunto de mayor interés: el paro. La corrupción, considerada la segunda causa de preocupación (33,8 por 100), no es, a mi juicio, el verdadero gran problema: lo es la política. Aparece la tercera (23,5 por 100) pero ¿qué mejor crítica a los políticos que atacarlos donde más les duele? “Son unos corruptos”. España tiene un problema de corrupción, como es público y notorio. Aunque, todavía más grave, lo es el de la deslegitimación del sistema político. La falta de confianza que quiebra a las instituciones.
No deja de ser paradójico el que, al mismo tiempo que España, como Estado democrático de Derecho, se enfrenta al reto más importante de su historia reciente, el secesionismo catalán, sufre un episodio grave de deslegitimación. A la vez, la cuestión catalana disfruta de muy bajo reconocimiento (2,3 por 100). Es posible que los dos fenómenos estén vinculados. Cuanto más baja sea la estimación de los riesgos, menos necesidad de valuar positivamente al Estado, por lo tanto, más crítico se puede ser. Ahora bien, la cuestión catalana sólo se puede resolver con un Estado reforzado en el terreno de la legitimidad. La distancia entre el dentro y el fuera es tan elevada que puede ser explosiva. La indiferencia del conjunto de los españoles tiene su vertiente positiva, pero también negativa. Es positiva porque no tensiona en pro de una solución “rupturista”, al modo del artículo 155 de la Constitución. En cambio, tiene de negativo, que deja en la soledad a los que resisten el empuje secesionista en Cataluña.
Se debe encontrar un punto de confluencia. Y lo hay. Cuanto mayor sea la valoración positiva del Estado democrático, mayor será el compromiso con Cataluña y con los catalanes y, éstos, a su vez, más cómodos se encontrarán y verán atendidas sus preocupaciones. Todos los españoles debemos participar del criterio de que la solución al mal llamado problema catalán se ha de encontrar en el marco constitucional, no fuera de él. Este marco es lo suficientemente amplio como para hallar la solución que podría satisfacer a ese sector de la población que se siente, por un lado, engañada, porque le prometieron que la independencia se alcanzaría sin coste alguno, que caería como fruta madura, sin que nadie sufriese perjuicio, e, incluso, sería reconocida y bienvenida por los Estados democráticos de la Comunidad internacional; y, por otro, preocupada por el radicalismo autoritario que sostiene, cada vez más, al proyecto secesionista. Son los secesionistas por oportunismo, por comodidad, porque es lo que opina todo el mundo, lo que menos problemas plantea. Este sector está comprobando que la secesión no va a ser nada fácil. E, incluso, está asumiendo será imposible.
Las informaciones sobre la trama de corrupción que se cierne sobre la antigua Convergencia y el actual PdeCat, nada va a hacer cambiar a los secesionistas recalcitrantes. Son inmunes a éstas y a otras informaciones. Tienen licencia para hacer lo que quieran. Ahora bien, Cataluña es hoy una sociedad dividida, no sólo entre secesionistas y constitucionalistas sino, en el propio campo de los secesionistas. Los constitucionalistas han sufrido y sufren unas presiones tan negativas que se ha producido una selección natural. En cambio, no sucede lo mismo con el secesionismo. Hay un porcentaje, que no me atrevo a cuantificar, que lo son por oportunismo. En éste está cundiendo el desánimo.
Frente al amedrentamiento que sufren, para mantenerlos atrapados; frente al radicalismo; frente a la criminalización de la democracia y del Estado de Derecho, es imprescindible que el constitucionalismo sea capaz de ofertar un proyecto no sólo de cumplimiento de la Ley, sino de refundación de la legitimación y de la confianza, en una democracia libre de corrupción. Es el reto de los demócratas y, de los españoles, demostrar que otra España, con Cataluña, es posible. Por primera vez, la recuperación de la confianza en las instituciones del Estado es el camino para recuperar la de los catalanes en ese Estado garante de sus libertades y de su prosperidad.
En cambio, la visión desde fuera, es la de indiferencia. No preocupa. Hay otro asunto de mayor interés: el paro. La corrupción, considerada la segunda causa de preocupación (33,8 por 100), no es, a mi juicio, el verdadero gran problema: lo es la política. Aparece la tercera (23,5 por 100) pero ¿qué mejor crítica a los políticos que atacarlos donde más les duele? “Son unos corruptos”. España tiene un problema de corrupción, como es público y notorio. Aunque, todavía más grave, lo es el de la deslegitimación del sistema político. La falta de confianza que quiebra a las instituciones.
No deja de ser paradójico el que, al mismo tiempo que España, como Estado democrático de Derecho, se enfrenta al reto más importante de su historia reciente, el secesionismo catalán, sufre un episodio grave de deslegitimación. A la vez, la cuestión catalana disfruta de muy bajo reconocimiento (2,3 por 100). Es posible que los dos fenómenos estén vinculados. Cuanto más baja sea la estimación de los riesgos, menos necesidad de valuar positivamente al Estado, por lo tanto, más crítico se puede ser. Ahora bien, la cuestión catalana sólo se puede resolver con un Estado reforzado en el terreno de la legitimidad. La distancia entre el dentro y el fuera es tan elevada que puede ser explosiva. La indiferencia del conjunto de los españoles tiene su vertiente positiva, pero también negativa. Es positiva porque no tensiona en pro de una solución “rupturista”, al modo del artículo 155 de la Constitución. En cambio, tiene de negativo, que deja en la soledad a los que resisten el empuje secesionista en Cataluña.
Se debe encontrar un punto de confluencia. Y lo hay. Cuanto mayor sea la valoración positiva del Estado democrático, mayor será el compromiso con Cataluña y con los catalanes y, éstos, a su vez, más cómodos se encontrarán y verán atendidas sus preocupaciones. Todos los españoles debemos participar del criterio de que la solución al mal llamado problema catalán se ha de encontrar en el marco constitucional, no fuera de él. Este marco es lo suficientemente amplio como para hallar la solución que podría satisfacer a ese sector de la población que se siente, por un lado, engañada, porque le prometieron que la independencia se alcanzaría sin coste alguno, que caería como fruta madura, sin que nadie sufriese perjuicio, e, incluso, sería reconocida y bienvenida por los Estados democráticos de la Comunidad internacional; y, por otro, preocupada por el radicalismo autoritario que sostiene, cada vez más, al proyecto secesionista. Son los secesionistas por oportunismo, por comodidad, porque es lo que opina todo el mundo, lo que menos problemas plantea. Este sector está comprobando que la secesión no va a ser nada fácil. E, incluso, está asumiendo será imposible.
Las informaciones sobre la trama de corrupción que se cierne sobre la antigua Convergencia y el actual PdeCat, nada va a hacer cambiar a los secesionistas recalcitrantes. Son inmunes a éstas y a otras informaciones. Tienen licencia para hacer lo que quieran. Ahora bien, Cataluña es hoy una sociedad dividida, no sólo entre secesionistas y constitucionalistas sino, en el propio campo de los secesionistas. Los constitucionalistas han sufrido y sufren unas presiones tan negativas que se ha producido una selección natural. En cambio, no sucede lo mismo con el secesionismo. Hay un porcentaje, que no me atrevo a cuantificar, que lo son por oportunismo. En éste está cundiendo el desánimo.
Frente al amedrentamiento que sufren, para mantenerlos atrapados; frente al radicalismo; frente a la criminalización de la democracia y del Estado de Derecho, es imprescindible que el constitucionalismo sea capaz de ofertar un proyecto no sólo de cumplimiento de la Ley, sino de refundación de la legitimación y de la confianza, en una democracia libre de corrupción. Es el reto de los demócratas y, de los españoles, demostrar que otra España, con Cataluña, es posible. Por primera vez, la recuperación de la confianza en las instituciones del Estado es el camino para recuperar la de los catalanes en ese Estado garante de sus libertades y de su prosperidad.
(Expansión, 28/02/2017)
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