Es el término de moda: “nación de naciones”. Desde la constituyente, aparece y desaparece para permanecer en nuestro debate político. Siempre al calor de una urgencia marcada por los nacionalistas: se ofrece como fórmula para el encaje de Cataluña en el Estado español. Las palabras no son intranscendentes, ni neutras. Son artilugios esenciales del relato político. Y, como tales, no pueden ser entendidas al margen del contexto en el que se usan, ni de su funcionalidad y consecuencias. El que, desde esta perspectiva, “nación de naciones” pueda ser considerada como equivocada e inútil para solucionar la mal llamada cuestión catalana, es irrelevante. Una obviedad, es que existen Estados de Estados (caso de las Repúblicas federales como la norteamericana y la alemana); pero naciones de naciones, no las hay, ni las puede haber, salvo que juguemos con el equívoco: el significado de “nación” no es el mismo en las dos partes de la ecuación, o sea, la nación española no es igual a la nación catalana; el todo no puede confundirse con la parte.
El nuevo secretario general del PSOE, en su viraje hacia los votantes de Podemos, que no hacia Podemos, lo ha hecho suyo. Es la lógica consecuencia de la contienda electoral. Si se quiere crecer y ganar, se ha de comer votos, por donde se pueda, desde los más cercanos a los más lejanos. El PSOE tiene que comenzar por donde más daño se le ha infligido: los que se han ido al nuevo competidor de la izquierda. Como Podemos hace gala de la plurinacionalidad, para pescar en ese caladero, se imitan consignas. Es una primera interpretación. Hay otra que no es incompatible: se hace para mejorar las expectativas electorales del PSC después del fracasado referéndum del 1 de octubre. La secuencia no deja de ser reveladora. Para el PSC sería una baza esencial, junto con la recuperación de la reivindicación del referéndum pactado, para formar parte de un posible Govern tripartido, surgido de las elecciones autonómicas, con ERC y los Comunes de Colau. Sin olvidar, que un eventual Gobierno de España presidido por Sánchez podría hacer realidad el desiderátum secesionista del referéndum. El escenario es perfecto. Todos ganan: el PSC entra en el Govern, ERC justifica tanto esa entrada como el apoyo al referéndum pactado, y el PSOE, el voto de ERC en el Congreso para constituir la mayoría que lo auparía a La Moncloa.
El uso político, esencialmente oportunista, de los términos choca, en cambio, con las consecuencias que tienen en el mundo del Derecho. El problema no es el reconocimiento de Cataluña como nación, estado, país, comunidad, arzobispado o Disney World; son las consecuencias asociadas a dicho reconocimiento. El Tribunal Constitucional lo supo ver cuando se enfrentó al reconocimiento nacional que se hace en el Preámbulo del Estatut de Autonomía de Cataluña (Sentencia 31/2010). El Tribunal vertió tres afirmaciones importantes: (1) “el término «nación» es extraordinariamente proteico en razón de los muy distintos contextos en los que acostumbra a desenvolverse como una categoría conceptual perfectamente acabada y definida, dotada en cada uno de ellos de un significado propio e intransferible. De la nación puede, en efecto, hablarse como una realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa. Pero la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional.” (2) En sentido jurídico-constitucional, “la Constitución no conoce otra que la Nación española, con cuya mención arranca su preámbulo, en la que la Constitución se fundamenta (art. 2 CE) y con la que se cualifica expresamente la soberanía que, ejercida por el pueblo español como su único titular reconocido (art. 1.2), se ha manifestado como voluntad constituyente en los preceptos positivos de la Constitución Española.” Y (3), en consecuencia, “en cualquier contexto que no sea el jurídico-constitucional la autorepresentación de una colectividad como una realidad nacional en sentido ideológico, histórico o cultural tenga (tiene) plena cabida en el Ordenamiento democrático como expresión de una idea perfectamente legítima.”
No hay, por lo tanto, debate jurídico alguno. España no es, con la presente Constitución, una nación de naciones. Salvo que se mezclen conceptos para obrar un engaño y obtener un rédito político. Se supone que es el precio a pagar por habilitar opciones al PSC en el escenario del post-fracaso. Ahora bien, estamos ante un ejemplo de la victoria del secesionismo y de la derrota del constitucionalismo. El Partido socialista acepta el juego y los términos del relato secesionista, sin atender el contexto político en el que se asumen y las consecuencias que implica. En lugar de contribuir a articular otro, se entrega en cuerpo y alma al nacionalista. Y sabemos el resultado: el fracaso. No contentará a nadie, aún menos a los secesionistas, y traerá división al campo constitucionalista. Cuando deberíamos estar preocupados e interesados por superar el debate de las naciones, en un contexto europeo y global que, paradójicamente, convierte en el centro de la acción política al individuo (la garantía de sus derechos y libertades), el nuevo socialismo se entrega a la más rancia ideología. ¿Qué es lo que ganará? Algún asiento en el Govern, volver a ser relevante en Cataluña, pero a costa de debilitar a los constitucionalistas y la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Realmente, Sr. Sánchez, ¿merece la pena? Frente a naciones, sólo personas, sólo españoles. Ese es el desiderátum de la modernidad.
El nuevo secretario general del PSOE, en su viraje hacia los votantes de Podemos, que no hacia Podemos, lo ha hecho suyo. Es la lógica consecuencia de la contienda electoral. Si se quiere crecer y ganar, se ha de comer votos, por donde se pueda, desde los más cercanos a los más lejanos. El PSOE tiene que comenzar por donde más daño se le ha infligido: los que se han ido al nuevo competidor de la izquierda. Como Podemos hace gala de la plurinacionalidad, para pescar en ese caladero, se imitan consignas. Es una primera interpretación. Hay otra que no es incompatible: se hace para mejorar las expectativas electorales del PSC después del fracasado referéndum del 1 de octubre. La secuencia no deja de ser reveladora. Para el PSC sería una baza esencial, junto con la recuperación de la reivindicación del referéndum pactado, para formar parte de un posible Govern tripartido, surgido de las elecciones autonómicas, con ERC y los Comunes de Colau. Sin olvidar, que un eventual Gobierno de España presidido por Sánchez podría hacer realidad el desiderátum secesionista del referéndum. El escenario es perfecto. Todos ganan: el PSC entra en el Govern, ERC justifica tanto esa entrada como el apoyo al referéndum pactado, y el PSOE, el voto de ERC en el Congreso para constituir la mayoría que lo auparía a La Moncloa.
El uso político, esencialmente oportunista, de los términos choca, en cambio, con las consecuencias que tienen en el mundo del Derecho. El problema no es el reconocimiento de Cataluña como nación, estado, país, comunidad, arzobispado o Disney World; son las consecuencias asociadas a dicho reconocimiento. El Tribunal Constitucional lo supo ver cuando se enfrentó al reconocimiento nacional que se hace en el Preámbulo del Estatut de Autonomía de Cataluña (Sentencia 31/2010). El Tribunal vertió tres afirmaciones importantes: (1) “el término «nación» es extraordinariamente proteico en razón de los muy distintos contextos en los que acostumbra a desenvolverse como una categoría conceptual perfectamente acabada y definida, dotada en cada uno de ellos de un significado propio e intransferible. De la nación puede, en efecto, hablarse como una realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa. Pero la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional.” (2) En sentido jurídico-constitucional, “la Constitución no conoce otra que la Nación española, con cuya mención arranca su preámbulo, en la que la Constitución se fundamenta (art. 2 CE) y con la que se cualifica expresamente la soberanía que, ejercida por el pueblo español como su único titular reconocido (art. 1.2), se ha manifestado como voluntad constituyente en los preceptos positivos de la Constitución Española.” Y (3), en consecuencia, “en cualquier contexto que no sea el jurídico-constitucional la autorepresentación de una colectividad como una realidad nacional en sentido ideológico, histórico o cultural tenga (tiene) plena cabida en el Ordenamiento democrático como expresión de una idea perfectamente legítima.”
No hay, por lo tanto, debate jurídico alguno. España no es, con la presente Constitución, una nación de naciones. Salvo que se mezclen conceptos para obrar un engaño y obtener un rédito político. Se supone que es el precio a pagar por habilitar opciones al PSC en el escenario del post-fracaso. Ahora bien, estamos ante un ejemplo de la victoria del secesionismo y de la derrota del constitucionalismo. El Partido socialista acepta el juego y los términos del relato secesionista, sin atender el contexto político en el que se asumen y las consecuencias que implica. En lugar de contribuir a articular otro, se entrega en cuerpo y alma al nacionalista. Y sabemos el resultado: el fracaso. No contentará a nadie, aún menos a los secesionistas, y traerá división al campo constitucionalista. Cuando deberíamos estar preocupados e interesados por superar el debate de las naciones, en un contexto europeo y global que, paradójicamente, convierte en el centro de la acción política al individuo (la garantía de sus derechos y libertades), el nuevo socialismo se entrega a la más rancia ideología. ¿Qué es lo que ganará? Algún asiento en el Govern, volver a ser relevante en Cataluña, pero a costa de debilitar a los constitucionalistas y la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Realmente, Sr. Sánchez, ¿merece la pena? Frente a naciones, sólo personas, sólo españoles. Ese es el desiderátum de la modernidad.
(Expansión, 20/06/2017)
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