EcoRegulación

Los acontecimientos están evolucionando con extraordinaria rapidez. El secesionismo está superando barreras nunca antes imaginadas. En estas dos últimas semanas, desde la manifestación contra el Estado democrático de Derecho, aprovechándose del atentando en Barcelona y Cambrils, hasta el atropello a los derechos más básicos de las minorías parlamentarias en el seno del procedimiento legislativo, estamos comprobando cómo se van batiendo nuevas marcas en la carrera de la estupidez. Ya se están agotando las palabras. Estamos en la fase de la ejecución, de convertir la palabra de la Ley en hechos. Si la Constitución dispone que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (art. 9.1), la sujeción debe ser real y efectiva. Aquellos que violentan las reglas constitucionales, deben soportar las consecuencias igualmente previstas por el Derecho. El Gobierno de la nación, haciendo gala de una extraordinaria paciencia, temple y seren

Según el Diccionario de la Lengua española, “leguleyo” es una persona que aplica el Derecho sin rigor y desenfadadamente. Lo visto ayer en el Parlament aconseja, o inventar una nueva palabra, o ampliar el significado. Como leguleyo procede del Latín “leguleius”, y éste de “legula”, diminutivo de lex ("ley"), propongo “legulind”, el leguleyo independentista. Una fase superior y más desarrollada de la estupidez que utiliza el Derecho como cobertura de la infamia, la mentira y la mediocridad secesionista. Se han utilizado los más diversos términos para referirse a lo visto. Desde esperpento hasta locura. Se equivocan. Es una nueva manera de conocer y ejercer el Derecho. El legulind considera que, en primer lugar, el Derecho no existe. En segundo lugar, de existir, sería el que el legulind ha establecido, además, según convenga en cada momento. Y, en tercer lugar, si las dos afirmaciones anteriores no se ajustan a sus intereses, siempre le quedará sacar el trombón y cantar la ran

Lo que ha comenzado como un conflicto político, ha continuado como judicial, amenaza con terminar como alteración del orden público. Hemos pasado de comentar las entretelas del sedicente referéndum para vislumbrar, a la vista del proceder, sin límite, de los independentistas, una situación de movilización en las calles dirigida a provocar el caos. El conflicto jurídico está llegando al comienzo del fin. El próximo miércoles aprobarán, casi en unidad de acto, la denominada ley de referéndum y procederán a la convocatoria del referéndum de autodeterminación. Una situación inédita en cualquier democracia. Y todo, en pocas horas. Se violentan los derechos básicos de los diputados (que no pueden ni debatir, ni presentar enmiendas, ni solicitar informes, ni consultar al Consell de Garantías Estatutarias), se violenta el Estatuto de Autonomía y se violenta la Constitución. Todo, con escándalo y estrépito. Con alevosía. Y, sin pausa, se convoca la consulta. La denominada ley del referéndum de

Las reacciones ante la manifestación del pasado día 26 se dividen, por un lado, entre la de los secesionistas para los que, como titulaba un periódico del régimen, “la marcha propició una pitada al Rey y a Rajoy” y, por otro, la de los constitucionalistas que rechazan la manipulación independentista de la manifestación. Los primeros, en un ejercicio de sinceridad, no oculto ante las cámaras, han expresado que su enemigo, o, al menos, el principal, no es el terrorismo, sino el Estado español y sus máximas autoridades. Y, los segundos, vuelven a hacer gala de una ingenuidad digna de mejor causa. Cuando el sedicente referéndum está previsto para dentro de 33 días, la magnitud del reto que representa sólo se puede sostener si hay un grupo de personas que está convencido de que se puede alcanzar. Hemos vivido el ensayo del 1-O, la demostración de la determinación con la que un sector de la población y de los partidos afrontan el golpe de Estado que se está ejecutando. Si se ha llegado hasta